El
Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la
Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. Ya había sido publicada anteriormente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha; su aparición en el boletín nacional sigue en el tiempo a la
entrada en vigor.
Esta ley afecta a todos los
altos cargos de la comunidad, incluidos los sanitarios, así como los proveedores adjudicatarios de
contratos del sector público y a los grupos de interés que pretenden influir en la toma de decisiones. Estos estarán obligados a inscribirse en un registro ad hoc, y las reuniones con altos cargos de la Administración deberán figurar públicamente en las agendas de éstos.
A través de esta norma se ha creado el
Portal de Transparencia, donde debe figurar toda la información afectada y al que puede dirigirse y pedir información cualquier ciudadano. El texto también incluye sanciones por incumplimiento de los requerimientos para cargos públicos y empresas adjudictarias de contratos con la Administración, entre otros.
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