El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado las alegaciones al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno en funciones de Rajoy contra la Ley por la que se recuperaba la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, en las que se defiende la legalidad de la medida y se solicita el levantamiento de la suspensión para que los trabajadores públicos de la región recuperen la jornada de 35 horas hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el fondo del asunto.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que la presentación de estas alegaciones en la jornada de hoy, se produce tras la reunión que mantuvo ayer el gabinete jurídico de la Junta con los servicios jurídicos de todos los sindicatos.
Ruiz Molina se ha mostrado satisfecho porque esas alegaciones, tal como se comprometió el Gobierno regional, se hayan “redactado en coordinación con los servicios jurídicos de todas las centrales sindicales”, ya que al sumar las aportaciones de los sindicatos y los argumentos del gabinete jurídico de la Junta, adquieren “un peso y una calidad técnica para que el recurso de inconstitucionalidad no salga adelante”.
Tal como ha explicado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, en las alegaciones que ha presentado el Ejecutivo autonómico “no solamente se discute el fondo del asunto, en el sentido de defender la legalidad de las decisiones que se han adoptado en la Comunidad Autónoma, sino que también se le solicita al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión de la jornada de 37 horas y media, de tal manera que de forma inmediata podamos volver a las 35 horas”, hasta que haya un pronunciamiento sobre la legalidad o no de la medida.
En este sentido, Ruiz Molina ha resaltado que, aunque el Tribunal Constitucional puede tardar mucho en pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que al Gobierno regional le importa es que se levante la suspensión de la medida, para que “hasta que no se discuta sobre ese fondo los empleados públicos de Castilla-La Mancha puedan seguir con una jornada de 35 horas, que es la que todos queríamos”.
Respecto a los argumentos jurídicos, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que el Gobierno regional defiende en estas alegaciones que con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, vigente desde el 1 de noviembre de 2015, se da por derogada la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, que era la que consideraba la jornada laboral como materia básica para el Estado. Con esta derogación, ha remarcado Ruiz Molina, el Gobierno castellano-manchego considera que la competencia para la definición de la jornada laboral de los empleados públicos es de la Comunidad Autónoma.
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