La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Castilla-La Mancha ha acordado hoy por unanimidad una declaración que se enviará al presidente del Gobierno central en funciones, Mariano Rajoy, instándole a que no interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por la que se recupera la jornada de 35 horas semanales para todos los trabajadores de la administración autonómica y a que, en el caso de que lo presente, no solicite la suspensión de la jornada.
Esta declaración, firmada por representantes de la administración regional y de los sindicatos con representación en sus órganos (entre ellos CCOO, UGT, CSIF o Satse), Persigue garantizar la vuelta a la jornada de 35 horas semanales que los 68.000 empleados públicos dependientes de Castilla-La Mancha disfrutan desde el pasado 1 de enero.
Con la reunión de la Mesa General, el ejecutivo castellanomanchego buscaba informar directamente a los representantes de los empleados públicos sobre la posibilidad de que el Gobierno central recurra la vuelta a las 35 horas, después de que el último Consejo de Ministros acordase acudir al Constiticional.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado que esa suspensión de la jornada de 35 horas semanales supondría “un perjuicio no solo para los trabajadores, sino también para todos los ciudadanos”, ya que pondría fin a los tres objetivos que perseguía esta medida: “mejorar la calidad de los servicios públicos, crear empleo público y fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores públicos”.
Por último, Ruiz Molina ha manifestado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha no tiene “ninguna información oficial” por parte del Gobierno central en funciones, por lo que su conocimiento de la situación se limita a lo que se transmite a través de los medios de comunicación y a la información que aparece colgada en la página web de La Moncloa.
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