Hacienda se pone de perfil en los incentivos fiscales para recortar Muface

El Ministerio de Hacienda ha descartado cualquier tipo de intervención, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya desplegado un plan fiscal que limita las posibilidades de los funcionarios públicos para acceder a una nueva desgravación fiscal si están adscritos a alguna mutualidad sanitaria. Desde la cartera, que es responsable de la gestión de Muface, han adelantado a Redacción Médica que no moverán ficha en este asunto que se escapa de su marco de actuación.

Fuentes del equipo de trabajo de la ministra María Jesús Montero han subrayado que la deducción acordada por el Ejecutivo de Emiliano García Page se enmarca dentro de las “competencias” que tiene la comunidad autónoma en materia fiscal. “No tenemos nada más que decir al respecto”, han valorado desde el Gobierno sobre la iniciativa acordada por sus compañeros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Este plan fiscal de Castilla-La Mancha está dirigido a facilitar una deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los trabajadores públicos del entorno rural. Puede llegar hasta el 25 por ciento para los funcionarios que ejerzan en poblaciones inferiores a los 2.000 habitantes y al 20 por ciento en los municipios que no alcancen los 5.000 residentes. Sin embargo, la letra pequeña del proyecto puede traducirse en un proceso que derive en la descapitalización de Muface.

Claves de la descapitalización autonómica de Muface

Para solicitar este beneficio fiscal no es suficiente con acreditar el certificado de empadronamiento, sino que también hay que presentar algún documento que avale una continuidad de la residencia en estos pequeños municipios. Las bases solo contemplan dos alternativas: o la matrícula de uno de los hijos en un centro educativo de la zona o la certificación de una tarjeta sanitaria adscrita a un centro de salud de la sanidad pública. En la práctica, esto condena a todos a los médicos o enfermeros de la administración, que no tengan hijos escolarizados y que pertenezcan a una mutualidad.

El Gobierno de García Page ha calculado que este programa de desgravaciones fiscales para las personas con una estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas supondrá un desembolso de 23 millones de euros. Mientras que se sumará a otros beneficios vinculados a la adquisición, construcción o rehabilitación de viviendas en estos espacios de la España vaciada.

Esta nueva estrategia del barón socialista ha salido a la luz en un momento marcado por los choques en el seno del Gobierno de la coalición por la supervivencia del modelo Muface. Mientras que Unidas Podemos ha insistido a lo largo de la legislatura en forzar una desaparición progresiva de las mutualidades, desde el ala socialista han apostado por mantenerlas como “integrantes” del Sistema Nacional de Salud (SNS). Algo que se ha reflejado en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que coordina la propia Montero.