Redacción. Toledo
La Consejería de Sanidad ve necesario llevar a cabo una revisión del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid que, según estima, costaría 64 millones de euros. “Tal y como está formulado en este momento, es altamente perjudicial para los intereses de Castilla-La Mancha”, mantienen desde el departamento.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha expresado este lunes que este convenio supone “pagar dos veces por lo mismo” y, por lo tanto, se seguirá aplazado indefinidamente, mientras se realizan “las reuniones con Madrid que hagan falta”. “Vamos a seguir revisándolo y denunciando que no es adecuado para los castellanomanchegos”, ha manifestado Fernández.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández.

El importe final a satisfacer por Castilla-La Mancha se calcula multiplicando el valor per cápita por el número de personas que han elegido ser atendidas en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Según la consejería, supone un importe inicial de 64 millones de euros. “De esta forma, lo que se está abonando es la facultad de elección de los ciudadanos, no la prestación sanitaria recibida, como si de un seguro médico privado se tratase”, según mantiene el Gobierno regional.

Plazo máximo de resolución de solicitudes

Desde la Consejería de Sanidad se recuerda que la semana pasada se ha publicado una resolución por la que se amplía hasta el 31 de julio el plazo máximo de resolución de las solicitudes realizadas para adherirse al convenio sanitario con la Comunidad de Madrid.

Este requisito de formular una solicitud se establecía únicamente para los usuarios de los municipios de la zona norte de Toledo, ya que los usuarios de la provincia de Guadalajara no estaban obligados a realizar este trámite. Fernández tranquiliza a los pacientes de esta provincia, donde se mantiene el convenio y señala que la suspensión se mantiene solo en Toledo.
 
El plazo máximo para la resolución se amplía seis meses, ya que finalizaba el 31 de enero. Sanidad se excusa arguyendo que el convenio no preveía ninguna dotación extra para resolver las solicitudes y sus trabajadores están desbordados. “Pese a los esfuerzos realizados por los trabajadores” es “materialmente imposible resolver todas en tiempo y forma”.

Las solicitudes presentadas son algo más de 17.000, lo que representa aproximadamente el 14% de las 126.000 personas que residen en los municipios de la zona afectada por el convenio y que se corresponde con las comarcas del norte de Toledo.