La
reactivación de la carrera profesional sanitaria es uno de los trabajos pendientes del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Sin embargo, la Consejería de Sanidad de dicha comunidad autónoma sigue trabajando para poder “recuperar el último recorte que queda”. Así lo han asegurado a
Redacción Médica fuentes gubernamentales.
Las principales dificultades en el proceso de “desbloqueo” son
la organizativa y la presupuestaria: “Estamos hablando de centenares de millones de euros”. Además, han hecho hincapié en que, en 2015, Castilla-La Mancha “partía de unos recortes más intensos que en otras comunidades, es decir,
la base presupuestaria era de menos 75 millones de euros”, por lo que es algo que el Gobierno autonómico ha ido arrastrando.
El reto de reactivar la carrera profesional sanitaria manchega
Otro problema que hace más complicada la reactivación de la carrera profesional es que
la comunidad manchega “está infrafinanciada”. Aun así, como aspecto positivo, aseguran que la región ha sido una de las pocas que ha dejado en plantilla a las personas que trabajaron en la pandemia: “En total, más de 3.000 profesionales”.
De todas formas, la Consejería está trabajando para que haya un “
sistema de carrera profesional moderno, en el que la antigüedad no tenga el peso que tiene ahora”. Pero asumen que es un trabajo que les está costando finalizar más tiempo del esperado. Aunque no se quiera poner una fecha exacta para la reactivación, confirman que
pronto se conseguirá desbloquear.
Entre los “éxitos” del departamento, que consideran que los sanitarios deben valorar también, se encuentran el refuerzo de la plantilla estructural con 4.000 nuevas plazas, 10.000 contrataciones extra y
el aumento del salario de los profesionales del Sescam: “Cobran un 25 por ciento más que lo que cobraban en 2015”. “Es una labor complicada, pero no hay obstáculos para no seguir trabajando en ello”, afirman.
Un "bloqueo" de incentivos que se remonta a 2012
La paralización de los pagos por carrera profesional
se remonta al año 2012, cuando el Gobierno autonómico, que entonces presidía María Dolores de Cospedal, aprobó la
Ley de Medidas Complementaria para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, en un contexto marcado por la crisis económicas. Por ello, desde entonces, los planes para recuperar este sueldo complementario se han ido alargando. De hecho, el sector público castellanomanchego se ha convertido en el único que no lo tiene activo.
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