El Sescam aprueba su registro de objetores al aborto con cuatro supuestos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles el decreto del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en el Diario Oficial de la comunidad. En la resolución detalla los supuestos en los que se puede manifestar esta objeción, regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo:

• En las primeras 14 semanas de gestación.
• Por causas médicas, cuando no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
• Por causas médicas, cuando no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo de graves anomalías en el feto.
• Por causas médicas, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida.

Según indica la publicación, el Registro dependerá de la dirección general competente en materia de ordenación de las profesiones sanitarias. Los profesionales que estén implicados en la interrupción voluntaria del embarazo y no deseen realizarla deberán "presentar con carácter previo una declaración escrita de objeción de conciencia".

Fines del Registro de objetores de conciencia

La intención de la creación del Registro en la comunidad es realizar la inscripción de las declaraciones de objeción de conciencia de profesionales sanitarios, así como las modificaciones o revocaciones de las mismas. Además, también se busca facilitar la información a la Administración y a las personas responsables de los centros sanitarios en los que se realice esta práctica. "Estas personas deberán consultar únicamente el Registro para comprobar cuántas de sus personas profesionales son objetoras, con el fin de adecuar los recursos humanos a la correcta gestión de la prestación", indica la resolución.

Hay que tener en cuenta que la "baja en el Registro se podrá realizar por la persona interesada o por la dirección general responsable" del mismo en los supuestos de defunción, jubilación o invalidez permanente de la persona registrada, una vez que se comunique alguna de estas situaciones por la dirección del centro donde preste servicios la persona registrada.