Los aproximadamente 70.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha dispusieron de la jornada laboral de 35 horas desde el 1 de enero de 2016 hasta el 6 de mayo, día en el que el Constiticional admitió a trámite el recurso del Gobierno e impuso como medida cautelar la suspensión de la norma sobre la que se litigaba, lo que supuso en la práctica la casi inmediata vuelta a la jornada anterior.
El Constitucional tenía hasta el 6 de octubre para decidir si prorrogaba o no las medidas cautelares y en el Gobierno de Castilla-La Mancha se tenía cierta confianza en que estas medidas se levantasen mientras se producía la sentencia definitiva. Sin embargo, el 30 de septiembre se conoció esta sentencia y su carácter desfavorable, quedando una posible vuelta en un futuro a las 35 horas al albur de lo que decida el Gobierno central.
País Vasco y Andalucía
Pese a este antecedente, la Junta de Andalucía aprobó el pasado 11 de octubre en Consejo de Gobierno la vuelta de los trabajadores públicos a una jornada semanal de 35 horas, como parte del compromiso establecido con los sindicatos el pasado 2 de junio. Esta medida se va a aplicar el 16 de enero para los trabajadores de la Administración General, sin embargo los sanitarios no disfrutarán de la misma hasta un tiempo después, debido a factores organizativos y a que Sanidad quiere aplicar estas 35 horas con arreglo a lo que se negocie en la Mesa Sectorial. Está por ver si un nuevo posicionamiento del Constitucional deja sin efecto la medida.
Por ahora, el País Vasco la única comunidad en la que, ha día de hoy, los trabajadores públicos dependientes de organismos autonómicos (unos 70.000) trabajan 35 horas semanales. Lo hacen en función de un decreto publicado el pasado mes de febrero por el Consejo de Gobierno vasco. El texto, que regula el horario laboral para 2016, no ha sido recurrido por el Gobierno.