Dos leyes sanitarias y otra a medias en el X mandato de Castilla-La Mancha

Dos leyes sanitarias y otra a medias, el balance de la X legislatura de Castilla-La Mancha, en la que el presidente del Gobierno, Emiliano García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, han tenido que lidiar con la pandemia del Covid-19. Las Cortes han aprobado la Ley de reserva estratégica de productos sanitarios y la Ley del Juego, relacionada directamente con la salud mental, mientras que la Ley de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada estará lista para el inicio del próximo mandato, de un total de 46 leyes aprobadas.

"Quiero contratar a 2.000 médicos y enfermeras más esta legislatura". Esta fue la declaración de intenciones que realizó el entonces candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, García Page, durante su debate de investidura. El balance a pocos días de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo es que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) dispone "del mayor número de profesionales de la sanidad de nuestra historia, más de 37.000", en palabras de Fernández Sanz.

La primera de las tres leyes mencionadas fue la Ley de reserva estratégica de productos sanitarios, que fue aprobada el 15 de octubre de 2020 en las Cortes regionales con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP. La norma se creó teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia, que obligó a todos en el ámbito sanitario a realizar importantes esfuerzos y trabajar de manera conjunta para vencer esta amenaza sin precedentes en el sistema de salud.

Debido a la probada deslocalización productiva y la dependencia del mercado asiático, que condicionaron la disponibilidad de determinados productos necesarios para hacer frente a la pandemia, se puso de manifiesto la fragilidad del abastecimiento de productos sanitarios, y la existencia de graves dificultades que, aunque momentáneas, comprometieron seriamente la salud de la población. Por todo ello el acuerdo preveía la aprobación de una ley cuyo objetivo fuera crear reservas estratégicas de material sanitario básico, fomentando que la producción fuera en territorio nacional y regional y orientando a ciertos sectores a su producción.

Por su parte, la nueva Ley del Juego de Castilla-La Mancha entró en vigor en enero de 2022, seis meses después de ser aprobada en las Cortes regionales, concretamente el 22 de julio de 2021, y su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). La finalidad de esta norma es equilibrar esta actividad económica con la protección de la población más vulnerable, como los menores de edad o las personas con problemas de ludopatía.

Por último, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomó en abril conocimiento del Anteproyecto de Ley de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el ámbito del Sescam, elaborado por la Consejería de Sanidad. Así, el presidente ha manifestado que estaría lista para aprobarse al inicio de la próxima legislatura. La Consejería de Sanidad también destaca la aprobación la Ley de Medidas contra la Despoblación, que "blinda la sanidad en el medio rural", con recursos sanitarios a menos de 30 minutos de distancia y asistencia farmacéutica específica.

Iniciativas de la oposición

La oposición, representada con 10 diputados por parte del PP y cuatro de Ciudadanos, ha tenido menos protagonismo. Por parte del PP, lamentan que "no nos han aprobado nada" en materia sanitaria, mientras que por parte de Ciudadanos se ha trabajado en base a tres ejes. El primero de ellos es la Atención Primaria, con el que consiguieron vía enmiendas "un mínimo de 25 por ciento del presupuesto de Sanidad en Atención Primaria, negociando con el gobierno", asegura Jesús Fernández-Cid, responsable de Programas del partido. No obstante, aboga que su grupo parlamentario "quiere mucho más", transformando organizativamente esta red asistencial y que trabaje en dos líneas de prevención y curación.

El segundo eje es el de la humanización de la atención sanitaria, consiguiendo por unanimidad la aprobación de la creación de Cuidados Paliativos Pediátricos hace tres años. Sin embargo, Fernández-Cid denuncia que "eso no ha significado nada" porque "no existen estos cuidados en Castilla-La Mancha". Su partido también logró aprobar la creación del Banco de Leche Materna y la estrategia de globalización de centros iHan, "pero tampoco se ha hecho nada". El último eje es la dignificación de las condiciones laborales de los profesionales sociosanitarios, en que tampoco ha habido acuerdos entre el gobierno y la oposición. Desde Ciudadanos recuerdan que "siempre hemos tenido la mano tendida, apoyamos la ley de reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha".

Cuatro presupuestos sanitarios

La X legislatura de Castilla-La Mancha ha estado marcada por la pandemia del covid, que provocó que se tomaran medidas especiales y la adaptación del Reglamento. También se llevó a cabo la inauguración del monumento homenaje a las víctimas y servicios esenciales por el Covid-19 y ha sido el mandato marcado por el 40 aniversario de Castilla-La Mancha.

En el periodo 2019-2023 se han aprobado los cuatro presupuestos generales de la Junta, que han aumentado el presupuesto de sanidad de 2.771 millones de euros a 3.678 millones de euros, un 32,7 por ciento más.

Otras de las iniciativas parlamentarias más destacadas de esta etapa ha sido la de recuperar la carrera profesional, una reivindicación apoyada por los grupos parlamentarios del Gobierno y de la oposición en diferentes ocasiones y sobre la cual Page manifestó en el debate sobre el Estado de la Región en Castilla-La Mancha el pasado octubre recuperarla a través de una ley "lo más negociada y consensuada posible" en el primer trimestre de 2023, algo que aún no ha sucedido.

Por último, las Cortes aprobaron por unanimidad de los grupos parlamentarios representados impulsar una estrategia de prevención de la obesidad infantil en Castilla-La Mancha. La Consejería de Sanidad también ha tenido que impulsar en esta legislatura la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda para morir.