Castilla y León va a contar con una ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo gracias a la cual se elevarán a rango normativo las ayudas asistenciales en sanidad, educación y servicios sociales para que los afectados “no se sientan olvidados”. En el ámbito de la sanidad se centran en tratamientos médicos, prótesis, intervenciones quirúrgicas o prestaciones ortopédicas.
La medida ha sido anunciada por José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de Presidencia, que detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno las novedades del anteproyecto de ley. Apuntó también que la norma se aprobará en septiembre tras su paso por las Cortes.
De Santiago-Juárez señaló que este es “el momento oportuno” para hacer esta ley, un compromiso del presidente de la Junta durante su discurso de investidura de hace un año.
“Memoria, dignidad, justicia y verdad” son los principios sobre los que descansa el anteproyecto, señaló Santiago-Juárez, que explicó que las víctimas insistieron en el reconocimiento y memoria para “no olvidar el daño” causado. “Es una violación de los derechos humanos que un Estado no puede consentir, ni olvidar”, aseguró. En Castilla y León hay 392 afectados, 44 de ellos fallecidos.
Precisamente, el anteproyecto extiende la condición de víctima del terrorismo no solo a la persona que ha sufrido la acción de manera directa, sino a su cónyuge e hijos y, en el caso del reconocimiento, a padres, abuelos, nietos, hermanos y movimiento asociativo.
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