Redacción. Valladolid
El Ayuntamiento de Valladolid y la Consejería de Sanidad han rubricado un convenio mediante el cual la Sociedad Municipal de Vivienda (VIVA) cede a los servicios de Salud Mental viviendas en alquiler para personas con enfermedad mental con dificultad de acceso a las mismas.

Momento del acuerdo firmado entre la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Valladolid.

El acuerdo, con una duración de tres años prorrogables, lo han rubricado este lunes el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado; el alcalde de la ciudad, Óscar Puente; y el concejal de Urbanismo y presidente de VIVA, Manuel Saravia. El convenio permite inicialmente la puesta a disposición de estas personas de una vivienda en Campo de Tiro, en la que convivirán dos personas, candidatas identificadas por los servicios de Salud Mental, que cumplen determinados requisitos como tener recursos limitados, de manera que el alquiler no superará el 30 por ciento de sus ingresos y será de unos 200 euros al mes.

Sáez Aguado, quien ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, ha destacado el hecho de que a través de este acuerdo confluyan dos tipos de políticas, una de ellas la municipal para poner vivienda social a disposición de personas que lo necesitan y, por otro, el de los servicios de psiquiatría de intentar promocionar la integración social de estas personas.

Ampliación futura

Actualmente la cesión de una vivienda se trata de un "paso inicial", pero se espera que en el futuro se puedan ampliar los recursos de los que dispone Sacyl, que actualmente son unas 40 viviendas de este tipo en toda la Comunidad, la mayoría con gestión propia y algunas en régimen de concesión con entidades sin ánimo de lucro.

En el caso de los servicios de salud mental del Río Hortega se gestionan tres, a la que suma esta cuarta. En este caso se trata del primer convenio de estas características que se firma con un ayuntamiento de la Comunidad para que este programa sea estable, ya que existen colaboraciones puntuales con otros consistorios.

Los pacientes que residirán en esta vivienda son autónomos pero cuentan con supervisión por parte de los servicios de psiquiatría, aunque no permanente, ya que acuden a consultas y al Centro de Intervención Comunitaria en el que realizan actividades. El titular de Sanidad ha incidido en que estos pacientes tienen la dificultad añadida de acceso normalizado a una vivienda y a un empleo, lo que además se agrava en épocas de un elevado paro.