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Una tecnología integra la atención socio-sanitaria del paciente crónico

La plataforma está destinada a los alrededor de 85.000 pacientes crónicos y dependientes de Castilla y León

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado

02 dic 2016. 14.30H
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POR REDACCIÓN
La Junta de Castilla y León está desarrollando una plataforma tecnológica de atención socio-sanitaria destinada a los pacientes crónicos y dependientes (unos 85.000 en la comunidad) en la que se interconectarán ambos servicios y a los profesionales de los dos campos, lo que permitirá una actuación combinada para mejorar su calidad de vida, según explica el Gobierno autonómico en un comunicado.

La plataforma perseguirá mantener a los pacientes crónicos y dependientes el mayor tiempo posible en su entorno habitual, con el objetivo de reducir determinados aspectos evitables, como los ingresos hospitalarios, las visitas a urgencias y las complicaciones vinculadas a su enfermedad.

Además, se espera poder contribuir a la mejora de su autonomía en las actividades de la vida diaria y la capacidad del cuidador familiar, disminuyendo el riesgo de agotamiento por el esfuerzo o por el desconocimiento sobre cómo cubrir las necesidades.

Por otro lado, se prevé facilitar la atención integrada (socio-sanitaria) en cualquier lugar de Castilla y León, con énfasis en los entornos rurales, y para ello se incidirá en la interconexión de los sistemas sanitario y social entrelazando la historia social y el historial médico de la persona para poder ofrecer esa actuación combinada, integrada y personalizada.

La plataforma está dirigida a las personas dependientes, que en la actualidad son casi 85.000 en Castilla y León, que son pacientes con enfermedades crónicas que precisan la actuación combinada de los servicios sociales y sanitarios.

El proyecto, seleccionado por el Ministerio de Economía y financiado al 50 por ciento por la Unión Europea (UE) y la Junta de Castilla y León, cuenta con un presupuesto de 6,64 millones de euros y su desarrollo se producirá en los próximos tres años, según informa la Junta de Castilla y León.

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