La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha anunciado que varias entidades financieras adelantarán el dinero de las facturas pendientes de cobro de los proveedores sanitarios de Castilla y León con el objetivo de agilizar los tiempos de demora de la Administración autonómica, según ha informado la agencia Ical.
Concretamente, la demora en el caso de la Gerencia de Salud, que llega a los 97 días de media, se solventará gracias a un acuerdo con BBVA, Santander y CaixaBank mediante el cual los distintos proveedores de bienes y servicios de la Consejería de Sanidad cedan el importe de la factura que les debe la Junta a la entidad sin ningún tipo de coste para ellos y, de este modo, cobrar su deuda.
Del Olmo ha asegurado que una vez haya liquidez en la tesorería pública, el Gobierno autonómico abonará a las entidades esa cantidad en unas condiciones “ventajosas”, con un tipo de interés del 0,70%. Además, los acreedores de la Junta podrán cobrar sus facturas antes de la fecha de vencimiento de la misma.
Esta línea de financiación, que está abierta a otros bancos con presencia en la comunidad que estén interesados, tiene un importe total de 400 millones de euros, una cifra ligeramente superior al déficit actual que acumula la Consejería de Sanidad con sus proveedores, que está cifrado en 343 millones de euros.
Hay que recordar que este procedimiento es transitorio, a la espera de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorice a la Junta a generar una nueva deuda para cubrir el déficit de la Consejería de Sanidad tal y como el ministro Cristóbal Montoro se comprometió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y que aún no ha materializado. La responsable económica de la Junta ha asegurado que los tiempos de demora podrían comenzar a reducirse ya el próximo mes y que esta financiación estará vigente hasta finalizar el año 2016.
La responsable de Economía y Hacienda de la Junta ha explicado que el problema con el pago a proveedores de la Junta “está perfectamente localizado” en el gasto sanitario y presionado tanto por la factura farmacéutica como por los costes operativos de los centros hospitalarios, “ya que el resto de departamentos pagan en un tiempo por debajo del periodo exigido legalmente”.
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