La Consejería de Sanidad de Castilla y León
ha retirado su propuesta de obligar a los profesionales sanitarios de
Atención Primaria en el medio rural a utilizar su coche en los
desplazamientos. Fuentes sindicales presentes en la Mesa Sectorial han confirmado a Redacción Médica que el departamento ha desistido en su intención de incluir esa modificación en el proyecto de
Ley de Medidas Financieras para 2017 y que ha propuesto un “grupo de trabajo” para abordar el tema.
“Es un primer paso y estamos muy contentos y orgullosos porque por lo menos se ha retirado la modificación y, cuando menos, se habla ya de sentarse a hablar y negociar a ver cómo podemos solventar los desplazamientos y para que no sea un coste a mayores para los profesionales de Atención Primaria”, ha asegurado a este medio la secretaria general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de Castilla y León de UGT,
Carmen Amez.
En ese sentido, la representante de UGT ha señalado que “todos los
sindicatos presentes” en la negociación han manifestado su rechazo a la modificación, algo que han ratificado tanto Satse como el Sindicato Médico a través de diversos comunicados.
En el grupo de trabajo que se cree para abordar el tema de los desplazamientos también se tratará la “frecuentación”, ha detallado Amez en referencia a la frecuencia de la demanda de asistencia sanitaria en Atención Primaria.
Contratación de extracomunitarios
Otro de los asuntos abordados en la Mesa Sectorial tiene que ver con la propuesta lanzada por parte de la Consejería de Sanidad de modificar el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud autonómico para poder contratar
como personal estatutario temporal a los profesionales extracomunitarios con el objetivo de paliar la carencia de especialistas, principalmente en
Medicina Familiar y Comunitaria.
En ese sentido, Amez ha señalado que si bien apoyan la propuesta, en la Mesa Sectorial se está abordando la legalidad de la retirada de un articulado “que figura en el estatuto marco a nivel nacional” y si “una comunidad puede modificarlo por su cuenta”.
Como alternativas, los sindicatos
proponen una facilitación del
proceso para la obtención de la nacionalidad para los residentes extranjeros. En ese sentido, la representante de UGT apunta que hay estudiantes que, centrados en su formación, se olvidan de solicitar la nacionalidad (a la cual tienen acceso a los dos años) hasta el final de su residencia, de cuatro años como mínimo.
“Se trata de solucionar los problemas de
nacionalidad de estos estudiantes que se están formando en España. Casi debería de ser obligatorio que a los dos años de estar haciendo la
especialidad inmediatamente se les facilite la documentación para que puedan pedir la nacionalidad y, en un breve periodo de tiempo, pudieran tenerla, para que cuando acaben la especialidad ya tengan la nacionalidad y puedan acceder al trabajo”, señala Amez.
Otros temas
Además de esos dos puntos, en la negociación entre sindicatos y Consejería también se han puesto sobre la mesa aspectos como la
manutención de los profesionales de Atención Primaria y los concursos de
traslados.
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