Los pediatras, los enfermeros y los trabajadores sociales y responsables de las secciones de protección a la infancia de Castilla y León disponen desde este martes de un protocolo de actuación en el medio sanitario que recoge las actuaciones que deben llevar a cabo ante la sospecha de un caso de malos tratos a un menor, un problema de "magnitud desconocida" que engloba maltrato físico o psicológico e, incluso, desatención, desnutrición o negligencias.
Elaborado por la Consejería de Sanidad y por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (Apapcyl), este protocolo de actuación responde a la necesidad de los profesionales de la sanidad de mejorar la atención de una realidad "no muy bien estudiada en España" y con "tasas invisibles" de víctimas, si bien el consejero, Antonio Sáez Aguado, ha apuntado a que un 5 por ciento de los menores sufrirá a lo largo de su infancia "algún tipo de maltrato".
El nuevo protocolo ofrece a estos profesionales una herramienta de actuación ante la sospecha de un posible caso de maltrato infantil para que sepan cómo actuar, cómo comunicar la situación y cómo derivar información, lo que suplirá la falta de un cauce de comunicación claro que había hasta la fecha y las carencias de coordinación.
Además de sensibilizar al personal sanitario, el nuevo protocolo busca promover la correcta cumplimentación del parte de lesiones y la hoja de notificación realizada por los centros sanitarios para que sirva de "herramienta clave" en el procedimiento judicial.
Pasos a seguir
Así, ante la presencia de uno o varios de los indicadores que sugieran presencia de maltrato infantil, el profesional sanitario deberá registrarlo en la historia clínica del paciente y entrevistar a los padres y al menor presuntamente maltratado. Se realizará una exploración física y psicológica y, en caso de que sea necesario, se indicarán exploraciones complementarias y se analizará la situación familiar.
Tras estos estudios se concluirá con la sospecha o con la evidencia de maltrato infantil, con lo que se procederá a la notificación del caso a los Servicios Sociales después de realizar una valoración tanto del riesgo que corre el menor de sufrir nuevos episodios como de la gravedad de dicho maltrato.
Por su parte, la presidenta de los pediatras de Atención Primaria de Castilla y León, Mercedes Garrido, ha aprovechado la ocasión para reclamar más formación y más tiempo para los profesionales ya que, según ha recordado, aunque la presión asistencial pueda ser "relativamente asumible" en periodos de ausencia de otros compañeros esa presión aumenta y dificulta una atención adecuada a los menores. "Se requiere tiempo", ha insistido Garrido, quien ha evidenciado que diez minutos de consulta no es un tiempo suficiente para atender ese tipo de casos de maltrato infantil.
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