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Pacto PP-Vox en Castilla y León: de gasto en Primaria a la fidelización MIR
El acuerdo mantiene a la prioridad nacional en el "acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales"
El PP y Vox firman un acuerdo de Gobierno en Castilla y León. (Imagen de Europa Press)
03 jun 2026. 15.00H
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La gestión de la sanidad en Castilla y León, que tendrá una vez más un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, está contemplada dentro del acuerdo firmado por ambas agrupaciones para investir como presidente de la Junta a Alfonso Fernández Mañueco por una legislatura más. Las medidas llevan las prioridades de los dos partidos, entre ellas, el refuerzo de la Atención Primaria, la mejora del programa de fidelización MIR y el desarrollo de la Ley de difícil cobertura, aprobada por unanimidad en las Cortes en diciembre de 2025; con la prioridad nacional presente.
Como primer punto del acuerdo, al que ha accedido Redacción Médica, está garantizar la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios y dispositivos de Urgencias y Emergencias, lo cual deberá hacerse desde el primer día de Gobierno. Otro aspecto importante es un plan de mejora de las listas de espera que está orientado a "disminuir las desigualdades entre áreas de salud" y que incluirá el refuerzo de las vías preferentes en consultas externas para procesos complejos o de especial gravedad, así como la recuperación de sistemas de garantías de tiempos máximos para determinados procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Esto tiene como fecha de implantación el año 2027.
Ambas agrupaciones han acordado el refuerzo de la inversión y la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, con el acceso a las consultas de Medicina Familiar y Comunitaria en un plazo máximo de 48 horas; y nuevas capacidades diagnósticas que incluyan ecografía clínica, analíticas rápidas de urgencia y electrocardiografía digital. Además, se continuará ampliando las Unidades de Fisioterapia y de afrontamiento activo del dolor crónico en los centros de salud del medio rural, todo dentro de la legislatura.
La fidelización de los MIR deberá seguir siendo un pilar fundamental con la mejora del programa especialmente en los centros con "mayores dificultades de cobertura" y en "aquellas especialidades con un déficit más acusado de profesionales".
El desarrollo de la Ley de puestos de difícil cobertura también se ha considerado una prioridad para ambas agrupaciones. Esta fue aprobada en diciembre de 2025 y ahora deberá aplicarse en la región. Así, el acuerdo contempla el impulso de las medidas necesarias para hacerla plenamente "operativa y efectiva como instrumento clave para la atracción, retención y estabilidad de los profesionales sanitarios", con un plazo fijado para antes del final de 2028.
El pacto también vela por el aumento de la importancia de Salud Pública en el sistema sanitario y la relevancia de la prevención y la promoción de la salud. Por ello, se tiene previsto seguir desarrollando y actualizando el calendario de vacunación e inmunización; ampliar el cribado neonatal; potenciar los programas de cribado de cáncer de mama, cérvix y colon; desarrollar los programas de cribado de cáncer de próstata y de pulmón; y fomentar la colaboración intersectorial en la promoción de la salud.
De la misma forma, se elaborará e implementará la nueva Estrategia Oncológica de Castilla y León, "adaptada a los avances científicos y a la innovación diagnóstica y terapéutica, para garantizar una atención oncológica equitativa, de calidad y basada en la evidencia", una medida que forma parte del programa electoral de los populares.
La atención de la cronicidad en una comunidad con población envejecida será crucial. Se intensificarán los cuidados a los pacientes crónicos en el domicilio como "eje prioritario del modelo asistencial", permitiendo la reducción de los desplazamientos "innecesarios", la prevención de las descompensaciones, la mejora de la continuidad asistencial y el favorecimiento de una atención personalizada.
Además, se desarrollarán planes específicos de patologías con el impulso de una estrategia integral e innovadora para la prevención y el abordaje de enfermedades, "con especial atención a las patologías crónicas, mediante un enfoque coordinado entre los ámbitos sanitarios, educativo y comunitario". En Salud Mental, se potenciarán los recursos y dispositivos promoviendo un abordaje integral y comunitario a jóvenes, personas mayores y otros colectivos vulnerables.
En infraestructuras, se tiene previsto elaborar un plan que incluya también equipamiento tecnológico, que permita la modernización y mejora de los centros sanitarios, tanto de Atención Primaria como Hospitalaria. Por otro lado, para asegurar una "atención urgente equitativa, cercana y de calidad" en la región, se impulsará la incorporación de nuevos helicópteros medicalizados hasta completar una dotación de uno por provincia y dos en las provincia de León. Se deberá avanzar también en la dotación progresiva de unidades de Soporte Vital Básico en los Puntos de Atención Continuada (PAC) del ámbito rural; y se mejorarán los servicios de Urgencias Hospitalarias y de los PAC con refuerzos organizativos y la optimización de los circuitos asistenciales para reducir tiempos de espera y aumentar la calidad asistencial.
Se desarrollará la cartera de servicios en los centros sanitarios para garantizar la equidad en el acceso de la ciudadanía a las prestaciones sanitarias y se duplicarán las ayudas a la manutención y desplazamiento a otra área de salud por causa médica. Así también se facilitará el acceso equitativo a fármacos y tratamientos innovadores, priorizando a los pacientes con enfermedades raras y de alta complejidad crónica, así como el refuerzo de la red de Cuidados Paliativos con una partida presupuestaria específica destinada al fortalecimiento de estos servicios.
Siguiendo la línea de lo firmado en Extremadura y en Aragón, el pacto lleva "sanciones muy graves por fraude en los etiquetados", que deberán contar con la indicación del país de origen y el lugar de procedencia de manera obligatoria. Y, la prioridad nacional, presente en el acuerdo, está contemplada en el acceso a las ayudas públicas y la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital", sin que se precise su impacto en la atención de la salud.
Como primer punto del acuerdo, al que ha accedido Redacción Médica, está garantizar la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios y dispositivos de Urgencias y Emergencias, lo cual deberá hacerse desde el primer día de Gobierno. Otro aspecto importante es un plan de mejora de las listas de espera que está orientado a "disminuir las desigualdades entre áreas de salud" y que incluirá el refuerzo de las vías preferentes en consultas externas para procesos complejos o de especial gravedad, así como la recuperación de sistemas de garantías de tiempos máximos para determinados procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Esto tiene como fecha de implantación el año 2027.
Atención Primaria y fidelización MIR
Ambas agrupaciones han acordado el refuerzo de la inversión y la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, con el acceso a las consultas de Medicina Familiar y Comunitaria en un plazo máximo de 48 horas; y nuevas capacidades diagnósticas que incluyan ecografía clínica, analíticas rápidas de urgencia y electrocardiografía digital. Además, se continuará ampliando las Unidades de Fisioterapia y de afrontamiento activo del dolor crónico en los centros de salud del medio rural, todo dentro de la legislatura.
La fidelización de los MIR deberá seguir siendo un pilar fundamental con la mejora del programa especialmente en los centros con "mayores dificultades de cobertura" y en "aquellas especialidades con un déficit más acusado de profesionales".
Desarrollo de la Ley de difícil cobertura
El desarrollo de la Ley de puestos de difícil cobertura también se ha considerado una prioridad para ambas agrupaciones. Esta fue aprobada en diciembre de 2025 y ahora deberá aplicarse en la región. Así, el acuerdo contempla el impulso de las medidas necesarias para hacerla plenamente "operativa y efectiva como instrumento clave para la atracción, retención y estabilidad de los profesionales sanitarios", con un plazo fijado para antes del final de 2028.
Salud Pública y Oncología
El pacto también vela por el aumento de la importancia de Salud Pública en el sistema sanitario y la relevancia de la prevención y la promoción de la salud. Por ello, se tiene previsto seguir desarrollando y actualizando el calendario de vacunación e inmunización; ampliar el cribado neonatal; potenciar los programas de cribado de cáncer de mama, cérvix y colon; desarrollar los programas de cribado de cáncer de próstata y de pulmón; y fomentar la colaboración intersectorial en la promoción de la salud.
De la misma forma, se elaborará e implementará la nueva Estrategia Oncológica de Castilla y León, "adaptada a los avances científicos y a la innovación diagnóstica y terapéutica, para garantizar una atención oncológica equitativa, de calidad y basada en la evidencia", una medida que forma parte del programa electoral de los populares.
Atención a pacientes crónicos y Salud Mental
La atención de la cronicidad en una comunidad con población envejecida será crucial. Se intensificarán los cuidados a los pacientes crónicos en el domicilio como "eje prioritario del modelo asistencial", permitiendo la reducción de los desplazamientos "innecesarios", la prevención de las descompensaciones, la mejora de la continuidad asistencial y el favorecimiento de una atención personalizada.
Además, se desarrollarán planes específicos de patologías con el impulso de una estrategia integral e innovadora para la prevención y el abordaje de enfermedades, "con especial atención a las patologías crónicas, mediante un enfoque coordinado entre los ámbitos sanitarios, educativo y comunitario". En Salud Mental, se potenciarán los recursos y dispositivos promoviendo un abordaje integral y comunitario a jóvenes, personas mayores y otros colectivos vulnerables.
Infraestructuras y otras medidas sanitarias
En infraestructuras, se tiene previsto elaborar un plan que incluya también equipamiento tecnológico, que permita la modernización y mejora de los centros sanitarios, tanto de Atención Primaria como Hospitalaria. Por otro lado, para asegurar una "atención urgente equitativa, cercana y de calidad" en la región, se impulsará la incorporación de nuevos helicópteros medicalizados hasta completar una dotación de uno por provincia y dos en las provincia de León. Se deberá avanzar también en la dotación progresiva de unidades de Soporte Vital Básico en los Puntos de Atención Continuada (PAC) del ámbito rural; y se mejorarán los servicios de Urgencias Hospitalarias y de los PAC con refuerzos organizativos y la optimización de los circuitos asistenciales para reducir tiempos de espera y aumentar la calidad asistencial.
Se desarrollará la cartera de servicios en los centros sanitarios para garantizar la equidad en el acceso de la ciudadanía a las prestaciones sanitarias y se duplicarán las ayudas a la manutención y desplazamiento a otra área de salud por causa médica. Así también se facilitará el acceso equitativo a fármacos y tratamientos innovadores, priorizando a los pacientes con enfermedades raras y de alta complejidad crónica, así como el refuerzo de la red de Cuidados Paliativos con una partida presupuestaria específica destinada al fortalecimiento de estos servicios.
Siguiendo la línea de lo firmado en Extremadura y en Aragón, el pacto lleva "sanciones muy graves por fraude en los etiquetados", que deberán contar con la indicación del país de origen y el lugar de procedencia de manera obligatoria. Y, la prioridad nacional, presente en el acuerdo, está contemplada en el acceso a las ayudas públicas y la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital", sin que se precise su impacto en la atención de la salud.
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