Las Cortes de Castilla y León tramitan una proposición no de ley, a propuesta de Ciudadanos, para instar a la Junta a que exija al Gobierno que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que la Comunidad asuma las competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria. Pero no es ni la primera ni la última vez que se exige el cumplimiento de la ley 16/2003, que ordena que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integracfión en los correspondientes servicios autonómicos de salud”. Dicha norma dictaba también un plazo: 18 meses.
Han pasado 13 años y sólo País Vasco ha logrado, en 2011, esta trasferencia. Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han asegurado que, como en el caso del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, “lo normal es que sean las Consejerías de Sanidad las que asuman esas competencias, pero dependerá de la organización interna de cada comunidad autónoma. Su secretario general, Ángel Yuste, defendió hace un mes en Melilla la "necesaria" transferencia a las comunidades autónomas de las competencias de la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad. Yuste llegó a definir el actual modelo como "mixto, difuso y normas insuficientes".
Pese a que la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud prevé la asunción total por las comunidades autónomas de la asistencia sanitaria a los internos de los centros penitenciarios, trece años después, recordó, "todavía no se ha dictado el necesario desarrollo reglamentario".
Este verano parece que los partidos se han puesto de acuerdo para reclamar en sus parlamentos la definitiva transferencia. Francisco Igea, diputado de Ciudadanos por Valladolid, ha asegurado a Redacción Médica que “en breve tendremos una reunión para analizar el cumplimiento de esta ley” y que de ahí “saldrán nuevas propuestas a nivel estatal y autonómico”.
La situación se repite a lo largo y ancho de la geografía española. En Asturias, por ejemplo, el Ministerio del Interior inició en 2013 negociaciones con la Consejería de Sanidad para redefinir los términos del convenio que ambas partes tienen suscrito para dar atención médica a los presos de la cárcel Villabona. Sin embargo, las conversaciones cayeron en saco roto, según consta en una respuesta parlamentaria al diputado de IU Gaspar Llamazares.
Y en Navarra, Podemos ha pedido recientemente al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra que solicite la transferencia del servicio sanitario penitenciario para su plena integración en el Servicio Navarro de Salud. En Murcia, el mismo grupo también ha preguntado durante el mes de agosto a Sanidad por el incumplimiento de esta norma, al igual que otras comunidades autónomas, como Andalucía, donde la Junta reclamó al Gobierno que el Servicios Andaluz de Salud (SAS) se hiciera cargo.
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