El director gerente del sistema de Salud de Castilla y León,
Rafael López Iglesias, se ha mostrado disconforme con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que
ha negado la validez del resultado de las oposiciones a la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria de Castilla y León del año 2016, pero contra la que todavía cabe interponer un
recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
López Iglesias ha explicado a
Redacción Médica que desde la Consejería de Sanidad respetan la sentencia, pero no están de acuerdo con el criterio del TSJ. “Respetamos la sentencia, pero ni la compartimos ni estamos de acuerdo con ella”, ha señalado el director gerente del Sacyl.
En 2016, el tribunal de la OPE de Medicina Familiar y Comunitaria decidió impugnar
17 de las 90 preguntas que componían en examen, por lo que, descontando las 9 preguntas de reserva, quedaron un total de
82 preguntas válidas. Así, el tribunal señaló que para aprobar el examen era necesario
responder correctamente al 50 por ciento de esas preguntas, es decir, 41.
Sin embargo, tal como ha indicado ahora la sentencia del TSJ, las bases de la convocatoria señalan que es obligatorio responder correctamente
un mínimo de 45 preguntas, el 50 por ciento de las 90 originales. En todo caso, la sentencia no "anula" la oposición, sino que señala que para aprobar la oposición hace falta haber respondido estas 45 preguntas, explica López Iglesias.
Consecuencias
No obstante, el director del Sacyl explica que esta sentencia, “i
nicialmente no tiene ninguna consecuencia” hasta que se decida la cuestión en el Supremo. En todo caso, “
no beneficia a nada ni a nadie”, puesto que el opositor que presentó el recurso no obtendría la plaza por esta decisión. Además, López Iglesias afirma que
hay precedentes de casos similares y cree que el criterio del tribunal de la oposición fue correcto. “La decisión del tribunal evaluador fue justa, equilibrada y equitativa, porque no desvirtúa el carácter seleccionador de la oposición”, ha señalado.
Desde la Consejería lamentan los hechos puesto que están “trabajando para consolidar y establizar el empleo”, más aún en una especialidad como
Medicina Familiar y Comunitaria. "Una problemática añadida a la dificultad de encontrar médicos", aclara López Iglesias. Si el Supremo fallara en contra de la Consejería, 45 plazas quedarían vacantes.
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