La ronda de comparecencias ante la Comisión de Investigación sobre el Hospital de Burgos (HUBU) se ha reanudado este miércoles con las declaraciones del que fuera director general de Asistencia Sanitaria de la Junta entre 2006 y 2015, José María Pino, quien ha justificado las modificaciones del centro con “criterio profesional e interés público".
Pino ha asegurado que se realizó un “esfuerzo económico mayor” para garantizar que el centro fuera "un hospital de futuro" y que las modificaciones de obra y de equipamiento del inmueble estaban "justificadas", siempre desde la atención a "criterios profesionales" y con el "interés público" como eje de todas ellas.
El ex director general de Asistencia Sanitaria ha recordado que cuando se incorporó al cargo el expediente del HUBU ya estaba cerrado y la obra en ejecución. No obstante, ha explicado que durante su etapa se aprobaron dos modificaciones, la primera y más amplia en junio de 2009 con el fin de atender a "nuevas necesidades asistenciales" y la segunda, en mayo de 2012, con el fin de mejorar "el equipamiento" y que supuso un incremento de nueve millones de euros sobre el precio.
Fueron unas modificaciones “justificadas en base a determinadas circunstancias, no conozco ningún hospital nuevo que no tenga modificaciones", ha aseverado.
Así, con estos cambios que, como ha defendido Pino, "se ajustaban a la legalidad y mejoraba el proyecto inicial", se adaptaron los espacios para garantizar la seguridad y salud laboral, se incrementó la confidencialidad, se adaptaron zonas de administración y se introdujeron nuevos equipos.
Ausencia de sanciones
Por su parte, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, se ha preguntado hasta qué punto podrían haberse previsto las modificaciones que finalmente se llevaron a cabo y que generaron retrasos en la entrega de la obra, al tiempo que ha solicitado explicaciones del por qué no se sancionó a la empresa adjudicataria por las demoras.
Pino ha respondido que la obra se vio "seguramente" ralentizada ante la solicitud de informes para conocer las demandas de los profesionales. "Parece que se decidió que no tenía sentido que algo avanzara para que finalmente fuera modificado", ha asegurado, tras lo que ha considerado que una sanción en este caso no parecía razonable ya que se atendió a una decisión de la administración.
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