Redacción. Valladolid
La Comisión de Investigación sobre el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) constituida en el seno de las Cortes y que ha celebrado su primera reunión, desde su creación el pasado día 6 de noviembre, ha decidido, entre sus primeros acuerdos, contar con la participación de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Burgos y analizar el informe de sobrecostes elaborado por dicho colectivo.
El máximo responsable de la plataforma será recibido por el presidente de la Comisión de Investigación, el procurador popular salmantino Salvador Cruz, el próximo día 1 de diciembre, fecha prevista para la segunda reunión, al objeto de recibir de su propia mano el citado informe que acto seguido será puesto en conocimiento del resto de grupos políticos para su análisis.
La decisión ha sido compartida por todos los integrantes de la comisión puesto que, en palabras del portavoz de IU, José Sarrión, la plataforma “es responsable de la investigación abierta por sus discrepancias respecto de la construcción del HUBU, los sobrecostes y su modelo de gestión. No hemos sido nosotros, sino la ciudadanía organizada tras esta plataforma la artífice de esta comisión”.
Aún no se ha determinado qué personas serán llamadas a declarar en sede parlamentaria, puesto que en una primera fase, cuyo límite se ha fijado para el día 24 del presente mes, los grupos representados en la comisión deberán presentar su solicitud de documentación, que el representante de IU ya ha fijado en unos 42 documentos, Podemos entre 60 y 70 y el PSOE en 23, mientras que Ciudadanos no ha llegado a concretar la cifra y el PP, por boca de Salvador Cruz, se ha limitado a indicar que “toda la necesaria y que fuera de interés”.
Precisamente, el procurador del PP ha aprovechado para recordar que el Reglamento de la Cámara es muy concreto respecto del carácter secreto de determinados documentos que serán manejados en el seno de la comisión, algo que, como así ha añadido, no impedirá que su trabajo se desarrolle con la máxima transparencia con el fin, sobre todo, de analizar el modelo de gestión sanitaria más eficaz, de ahí que se haya decidido incluir la petición del PSOE y de C’s de realizar un estudio en este sentido.
En cualquier caso, Cruz, en declaraciones recogidas por Europa Press, ya ha mostrado su malestar con determinados comportamientos de la oposición, a la que ha reprochado que “sin tener aún la documentación, parece tener ya conclusiones”, al tiempo que ha recordado que el modelo aplicado en el HUBU es mixto público-privado, con catorce servicios no asistenciales externalizados, a semejanza de otras experiencias en Toledo o Granada.
Por su parte, Mercedes Martín, del PSOE; Laura Domínguez, de Podemos, y Manuel Mitadiel, de C’s, han coincidido al cifrar el sobrecoste del HUBU en más de 650 millones de euros, consecuencia de la diferencia entre los 1.000 millones inicialmente presupuestados por el coste del contrato de explotación durante las tres próximas décadas, la inversión inicial en la infraestructura, los intereses y los gastos de mantenimiento y los más de 1.650 millones que finalmente habrá de desembolsar la Junta de Castilla y León.