La Junta de Castilla y León ha cesado al jefe de informática del Complejo Asistencial de Ávila y al director técnico de Sistema de Información de la Gerencia de Salud, que ha dimitido. Así lo ha anunciado este lunes la Junta, coincidiendo con la comparecencia del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, en las Cortes para dar explicaciones sobre el caso de las 15.000 radiografías que desaparecieron del centro debido a un error informático y cuyo disco duro donde descansaban fue enviado a Alemania y Estados Unidos para su posible recuperación.
Cuando se cumplen diez meses desde que saltara la noticia, Saez ha comparecido a petición de todos los grupos de la oposición ante la comisión de Sanidad para informar que en el proceso de recuperación de datos se ha logrado rescatar el 77 por ciento de las pruebas radiológicas -el 76% de los TAC, el 63% de las resonancias y el 57% de la radiología convencional-. Las imágenes perdidas correspondían a mamografías, ecografías y resonancias, realizadas a los pacientes en el periodo comprendido entre junio y octubre de 2015.
El máximo responsable de la sanidad castellano-leonesa ha informado también de que su departamento ha iniciado un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios ante la empresa IRE -responsable del sistema de gestión de imagen radiológica en Ávila- por importe de 93.125,63 euros, en concepto de repetición de 43 resonancias magnéticas y 12 TACs y la recuperación de las imágenes perdidas por medios informáticos.
Una migración mal hecha causó la pérdida
El consejero ha atribuido la pérdida de las pruebas diagnósticas a los fallos humanos, descartando recortes en informática, que se produjeron en el proceso de migración de imágenes y sustitución de equipos que inició la Consejería desde 2013, por un lado la desactivación de la opción de copiado automático de imágenes y la desatención de las alarmas que señalaban el incorrecto funcionamiento de los discos de almacenamiento.
Ha enmarcado estos trabajos de migración en el proceso general acometido en los catorce complejos hospitalarios, con la migración de 18,3 millones de pruebas, y ha sostenido que únicamente se produjeron incidencias en el caso de Ávila.
El consejero se ha referido también al procedimiento abierto por la Agencia de Protección de Datos para analizar el caso y ha afirmado que este organismo ha elaborado un informe en el que concluye que se ha cometido una "infracción grave", aunque no ha impuesto medidas correctoras al considerar que ya se han implantado y que éstas pueden "contribuir a que una infracción como la producida no se reitere"
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