El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla y León ante el fallo de marzo de 2015 en el que se anuló el Decreto Autonómico 16/2014, en el cual se establecía el procedimiento para la integración directa y voluntaria del personal funcionario de carrera en la condición de personal estatutario.
Esta decisión, supone la ilegalidad de ese cambio, tanto si es de forma voluntaria como si no y afecta a unos 3.000 médicos y enfermeras, ha explicado a Redacción Médica la secretaria general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en la comunidad, Carmen Amez.
Entre las implicaciones de la medida del Supremo destaca que los funcionarios tienen como aseguradora a Muface, por lo que no es como el “estatutario, que tiene seguridad social”, detalla Amez.
Esto supone que las condiciones para jubilarse cambian bastante debido a que que pueden hacerlo con un cien por cien de la pensión con 60 años y 35 años trabajados. Además, la sentencia del Supremo también impide a los funcionarios apuntarse al incremento salarial de la carrera profesional, algo que sí pueden hacer los estatutarios del Sacyl.
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