La Junta de Castilla y León y los responsables de función pública de los sindicatos UGT y CC.OO han rubricado este lunes un preacuerdo a través del que se ha acordado que los trabajadores públicos tendrán una jornada laboral de 35 horas en los meses de verano -julio, agosto y septiembre-, algo a lo que no podrán acogerse los trabajadores por turno, es decir, los dedicados a servicios sociales y sanidad, por lo que contarán con tres días de libre disposición para este año y cinco a partir de 2019.
No obstante, para los funcionarios cuya jornada laboral sea por turnos, lo que afecta en la mayoría de los casos a personal sanitario y de servicios sociales, las mejoras se traducirán en tres días libres este año que se podrán disfrutar uno a partir del 22 de diciembre y dos a partir del 15 de enero. Así, en 2019 esta acumulación de días se elevará a cinco.
Este acuerdo se ha logrado después de que en 2012 se acordara elevar la jornada a 37,2 horas semanales como consecuencia de la crisis.
Acuerdo entre sindicatos y Gobierno
Con la medida de las 35 horas se pretende fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, como ha destacado tanto el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, como los responsables de función pública de UGT y CC.OO, Carmen Ámez y Ana Rosa Rivas, quienes han señalado que, en todo caso, Castilla y León aboga por la 35 horas.
De Santiago-Juárez ha insistido en que esta distribución se debe a la necesidad de trabajar para cumplir el objetivo de déficit, ya que cubrir con sustituciones estos tres días supondrán ocho millones de euros en 2018 y 11 millones de euros en 2011.
UGT y CC.OO se han mostrado "satisfechos" con este preacuerdo y los representantes, al igual que la Junta, han manifestado su extrañeza ante el descuelgue de CSIF, sindicato que ha decido no firmar el acuerdo "a última hora".
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