El presupuesto para sanidad de Castilla y León crece un 5,4 por ciento con respecto a 2016, hasta los 3.477,2 millones de euros. Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tras el Consejo de Gobierno, donde ha detallado las partidas de su Ejecutivo para el próximo año. Según Herrera, este incremento en sanidad tiene objetivo “asegurar” el nivel de prestaciones del sistema de salud, la demanda de productos sanitarios y farmacéuticos, así como los equipos asistenciales.
De hecho, la Consejería de Sanidad, junto con la Educación y Familia y Servicios Sociales acaparan el 80 por ciento del gasto de las consejerías y el 61,97 por ciento del total de Presupuesto General de la comunidad proyectado para 2017, con 6.379 millones de un montante total de 10.293 millones de euros.
Así, según los datos aportados por la Junta, con arreglo al volumen gestionado, la Consejería de Sanidad es responsable del 38,78 por ciento del presupuesto total -3.477,2 millones de euros-, seguida de la Consejería de Educación con un 19,20 por ciento -1.976 millones- y la de Familia e Igualdad de Oportunidades con un 8,99 por ciento -925 millones-. De esta forma en este año se destinarán 6.767,26 millones al funcionamiento de los hospitales, centros de salud y consultorios, además de las emergencias sanitarias, así como a la impartición de enseñanzas en todas sus etapas, a implementar el catálogo de prestaciones o a ayudas en materia de vivienda, formación para desempleados o programas de protección civil y promoción cultural.
Según se recoge en el Proyecto de Ley el presupuesto de la Gerencia regional de Salud suma 3.386 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,47 por ciento con respecto a 2016 para con el objetivo de "asegurar" el nivel de prestaciones del sistema de salud, la demanda de productos sanitarios y farmacéuticos, así como los equipamientos asistenciales. Asimismo, la Gerencia de Servicios Sociales suma un presupuesto de 904,42 millones de euros, un 6,17 por ciento más, para garantizar y "mejorar" las prestaciones del sistema que incluye la atención a la dependencia, las medidas de protección a las familias y la inclusión social.
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