Redacción. Valladolid
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado por unanimidad un acuerdo para que todos los enfermos de hepatitis C que lo requieran reciban los fármacos de nueva generación, tal y como contempla el borrador de la Estrategia Nacional propuesto por el Gobierno.
En concreto, la socialista Mercedes Martín en la defensa de una proposición no de ley (PNL) presentada por su grupo se ha centrado en la necesidad de exigir un apoyo regional "sin fisuras" a esa estrategia que debe llevar aparejada financiación finalista, a lo que ha sumado la exigencia de transparencia e información a los enfermos.
"Es necesario que sepamos de una vez por todas cuántos enfermos diagnósticos hay en Castilla y León", ha reclamado Martín, quien ha exigido "inmediatez irrenunciable" para que se cumplan los protocolos 4, 3 y 2 de esta enfermedad y para que no superen los 45 días desde la prescripción hasta la aplicación de los tratamientos, por lo que ha propuesto un calendario concreto "y sin trampas, sin coartadas y sin argumentos" para estos enfermos.
Martín ha lamentado que se haya perdido un "tiempo esencial" en España para los afectados por hepatitis C desde el "recuerdo especial y doloroso" a algunos que ya no lo tienen mientras que para otros corre en su contra, por lo que ha insistido en la necesidad de agilizar todos los trámites para dar cumplimiento al derecho a curarse de estos pacientes, un asunto "de justicia".
Por su parte, el popular Jerónimo García Bermejo ha dado su apoyo a la iniciativa socialista convencido de que, aunque tardía, el trabajo que se propone ya está realizado.
"Se ha trabajado para que el Sistema Nacional de Salud tenga una Estrategia Nacional de abordaje de la hepatitis C para atender todos los casos, incluidos los leves, un plan precoz muy eficaz para evitar complicaciones futuras", ha asegurado.
Por parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, ha acusado al Gobierno de haber puesto lo público al servicio de lo privado y "sin mirar las necesidades que tienen los ciudadanos" que han conseguido ahora "cierta esperanza" fruto de su "trabajo movilizador" si bien ha expresado su temor de que las medidas anunciadas por el Gobierno no vayan acompañadas "de lo que tienen que venir acompañadas", en referencia a una memoria económica.
Por último, ha recriminado que la Junta sea incapaz de responder con exactitud cuántos enfermos de hepatitis C hay en Castilla y León y se ha opuesto a cualquier medida que pueda ser entendida como caritativa por lo que ha instado a tomar decisiones para que el tratamiento sea "un derecho generalizado".