Redacción. Valladolid
El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) ha abogado por la elaboración de una norma en la comunidad autónoma que garantice como derecho al conjunto de los ciudadanos unos tiempos máximos de espera tanto para consultas como para pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas.
Para el CES estos tiempos de espera deberían atender a un criterio “exclusivamente profesional”, por lo que considera necesario aumentar los medios y mecanismos necesarios de carácter público que permitan atender los citados “tiempos clínicos imprescindibles”.
Esta es una de las principales recomendaciones sanitarias que realiza el CES en su ‘Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León’ del año 2014 en el que, tal y como ha destacado esta tarde su presidente, Germán Barrios, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes, sitúa precisamente las listas de espera como “una de las principales preocupaciones” de los pacientes y usuarios y de los propios profesionales del sistema público de salud.
“Consideramos necesario incrementar los esfuerzos para acortar los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas y, sobre todo en pruebas diagnósticas”, reclama el CES en su informe en el que aboga por establecer prioridades en función de la gravedad y de los beneficios esperados de la actuación clínica y por intensificar los esfuerzos en las áreas de salud que presentan mayores retrasos “con el fin de evitar las desigualdades entre ciudadanos que actualmente existen, dependiendo de su lugar de residencia”.
Recuperar la tasa de reposición
Otra de las recomendaciones del CES pasa por mejorar la atención sanitaria, para lo que considera “preciso” recuperar la tasa efectiva de reposición en el ámbito de los recursos humanos, disminuir la “elevada rotación” y, por tanto, mejorar el empleo público del sistema sanitario.
Del mismo modo, el Consejo Económico y Social reclama un incremento del presupuesto en material sanitario e inversiones del conjunto de los centros sanitarios “y muy especialmente en centros de Atención Primaria para mejorar la atención sanitaria en el todo el territorio”.
El CES circunscribe la colaboración de la iniciativa privada con el sistema público de salud “únicamente” a los casos en los que sea necesaria porque exista una carencia de medios del sistema público que impida una rápida prestación del servicio. “Dicha colaboración ha de ajustarse a los parámetros de transparencia y conocimiento público tanto de la atención prestada como de los recursos derivados desde el sistema público a las empresas prestadoras”, añade Barrios.