Después de casi medio año en vigor tras su aprobación el pasado mes de noviembre, el presidente de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, ha ordenado este viernes
la derogación del decreto por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León.
El portavoz del Gobierno autonómico,
Francisco Igea, sostiene que
ya no es "necesario" aplicarlo, según ha explicado durante la rueda de prensa para informar de las decisiones tomadas en el Consejo de Gobierno. Tal y como ha explicado, esta decisión se debe a que los niveles de ocupación en los hospitales actualmente están por debajo de anteriores olas, algo que prevén aunque no haya hecho más que empezar esta cuarta.
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La orden se ha publicado mediante un decreto en el
Boletín Oficial autonómico (Bocyl) que sostiene que se ha tomado esta decisión "a la vista de la
evolución favorable en estos momentos de la situación sanitaria reflejada en los datos y consideraciones contenidos en el informe de la Consejería de Sanidad de fecha 8 de abril, resulta oportuno proceder a su derogación".
Sin embargo, era cuestión que el decreto de prestaciones obligatorias dejara de tener efecto, pues
solo podía tener vigencia durante el período en el que esté declarado el estado de alarma, "sin perjuicio de su posible adaptación, modificación o derogación antes, en función de la situación epidemiológica y sanitaria de cada momento". De no haberse suspendido antes sus efectos, los mismos habrían caducado el próximo 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma, que además no se extenderá más en el tiempo, según anunció recientemente le presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En cualquier caso, la Junta ha decidido ponerle punto y final justo un mes antes de la caída del estado de alarma un vez "
finalizadas las circunstancias especiales que motivaron la adopción del mencionado decreto, ha de recuperarse la aplicación de la legalidad ordinaria en este ámbito material, siempre que no afecte a las competencias y facultades que el estado de alarma ha conferido a esta Presidencia durante su vigencia.
Polémico decreto
El hecho de que le decreto de prestaciones obligatorias se aprobase de un día para otro puso a todos los sindicatos del ámbito de la sanidad en su contra y provocó que en unanimidad pidieran la dimisión del presidente de la Junta. Logró unir a todos los sindicatos con un frente común, su derogación, y levantó por los aires el diálogo en la Mesa por la Sanidad.
En el momento de su aprobación, desde el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León ya mostraron su desacuerdo al considerar que "atenta contra la profesión enfermera, en particular, y todos los profesionales sanitarios en general, que desde hace meses trabajan en primera línea para hacer frente a la pandemia y cuidar la salud de los castellanos y leoneses".
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