El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado este martes luz verde a
l presupuesto de la Consejería de Sanidad para 2021, marcado por la pandemia de la covid y dotado con la cifra récord de
4.365 millones de euros, tras un debate lleno de reproches de los grupos de la oposición al ser rechazadas todas las enmiendas presentadas, 214 en total.
Tanto el PSOE como Podemos han coincidido en proponer una disminución en las cantidades que la Junta de Castilla y León destinará a sufragar el
contrato de concesión del Hospital de Burgos, para destinarlas a otras materias como la contratación de
más personal de Atención Primaria o fortalecer el servicio en el medio rural, pero Ciudadanos ha defendido que eso no es posible y deben cumplir con los pagos establecidos, al menos hasta que se decida sobre la posible reversión de ese contrato.
El socialista Jesús Puente ha defendido que esta crisis de la covid ha evidenciado que el sistema de salud es
un "bien público esencial que si no funciona lastra toda la economía", pero ha criticado que estas cuentas no asuman esta filosofía, sino que consolide los recortes aplicados en los años anteriores. También ha lamentado que estas cuentas muestren con "total crudeza" la "estrategia" del Gobierno autonómico respecto a la Sanidad, con un "abandono" de la inversión en la sanidad rural, el "olvido premeditado" de los hospitales comarcales, la eliminación del principio de accesibilidad y un "fracaso" de la filosofía de la colaboración publico-privada que representa el HUBU.
Una sanidad "pública, universal y gratuita"
Le ha replicado el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado, quien ha acusado al representante socialista de poner sus enmiendas al servicio del "relato y la propaganda" del PSOE, mientras que la Consejería de Sanidad ha conseguido con estas cuentas que "por fin" se dote con presupuesto el "gasto real" de este departamento, con la intención de que sea
"público, universal y gratuito". Sobre las demandas de detraer recursos del contrato del Hospital de Burgos, ha dicho que "guste o no" la Junta tiene que "seguir pagando" las cantidades fijadas por el contrato, aunque ha asegurado que Cs sigue "trabajando" para buscar la reversión como se comprometió. "Nos gusta cumplir con nuestra palabra", ha zanjado.
Por su parte, la representante de Podemos Laura Domínguez ha defendido
128 enmiendas, todas ellas rechazadas por la mayoría que ejercen el PP y Cs, con el ánimo de reforzar la contratación de más profesionales porque "las plantillas flaquean" y en esta Comunidad la falta de personal tiene "mayor trascendencia", por lo que ha pedido detraer las partidas "de más" que se está pagando a la concesionaria del HUBU.
También ha defendido sin éxito 13 enmiendas el procurador de la UPL Luis Mariano Santos, centrado en la mejora de las infraestructuras sanitarias de varios municipios de las provincias de León, Salamanca y Zamora; al igual que el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, quien ha defendido tres, entre ellas una para mejorar la prevención de problemas cardiovasculares, pero que también han sido rechazadas por el PP y Cs.
Finalmente ha tomado la palabra para explicar su voto el procurador del PP Alejandro Vázquez, quien ha defendido
un "presupuesto histórico" que aporta los "recursos suficientes para poder hacer frente a la pandemia" y los "retos" que presenta la sanidad de esta Comunidad, "una de las mejores de España".
Desglose de las cuentas
Las cuentas para el próximo ejercicio alcanzan los 12.291,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,19 por ciento respecto a las últimas aprobadas, correspondientes a 2018. El mayor esfuerzo se concentra en la Consejería de Sanidad. Este departamento dispondrá de 4.365 millones de euros, un 21,6 por ciento más, para hacer frente a la pandemia y garantizar la mejor calidad asistencial. La Consejería de Educación dispondrá de 2.359,8 millones de euros (sube el 14,6 por ciento) y la de Familia e Igualdad de Oportunidades contará con 1.081,27 millones (con un incremento del 12,6 por ciento).
La prestación de los servicios públicos fundamentales "se convierte en la primera prioridad del Ejecutivo autonómico", según ha explicado en una nota de prensa el día que fue presentado el proyecto. De ahí que Sanidad, Educación y Familia aglutinen casi el 80 por ciento del gasto no financiero de las consejerías. Juntas gestionarán 7.806,2 millones de euros el próximo ejercicio, el 18,16 por ciento más que en 2018 (lo que equivale a 1.200 millones de euros adicionales). Prueba de la importancia que el Gobierno presidido por Fernández Mañueco confiere a las políticas sociales es que los recursos asignados a estas tres consejerías representan el 13,5 por ciento de la riqueza autonómica.