El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha rubricado este miércoles en las Cortes un acuerdo de Comunidad en materia de financiación autonómica con los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos, y que también cuenta con el apoyo del Grupo Mixto.
El documento compromete la defensa de 14 principios, entre ellos la Sanidad, en la negociación que abra el Gobierno central para la reforma del sistema. Los firmantes parten de la convicción de que el futuro modelo debe garantizar suficientes recursos para la prestación de los servicios públicos fundamentales en condiciones de equidad y calidad.
La propuesta del jefe del Ejecutivo parte de una premisa que ha sido compartida por todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes: “la insuficiencia demostrada por el modelo vigente para cubrir el gasto de la prestación de los servicios públicos fundamentales en Castilla y León, en condiciones de equidad y calidad”, según ha informado la propia administración.
El texto subraya la necesidad de asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales en “niveles similares en todo el territorio, con independencia de la capacidad de las comunidades para generar fondos propios o de la evolución que experimente la recaudación en cada una”.
Se trata de reforzar el principio de nivelación para dar cumplimiento al principio de igualdad consagrado en la Constitución, “evitando la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase en función de la atención que reciben”, según explican.
Recursos adicionales para corregir el desfase de 500 millones
Estrechamente vinculado con los puntos anteriores, la Junta y los cinco grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de dotar al sistema de mayores recursos para corregir el déficit de financiación de los servicios. Según han afirmado desde la Junta, “en los últimos ejercicios el modelo nunca ha cubierto el coste de las tres competencias básicas que presta la Comunidad –Sanidad, Educación y Servicios Sociales–, llegándose a producir un desfase de cerca de 500 millones de euros entre lo que el Gobierno autonómico ha recibido del sistema y lo que ha destinado a financiarlas”.
El texto recoge la necesidad de que la “financiación de las comunidades se realice atendiendo a los gastos reales en los que incurren para garantizar el Estado del Bienestar a los ciudadanos”. Este principio implica” reconocer que la prestación de la asistencia sanitaria, educativa o social se encarece en Castilla y León como consecuencia de las características de su territorio o de su demografía”.
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