Los técnicos de la Consejería de Sanidad han concluido que el
informe previo interno realizado sobre las
contrataciones del Servicio Cántabro de Salud y determina que, aunque no detecta "ningún ilícito penal", sí aparecen "
incidencias contractuales", por lo que el Consejo de Gobierno ha decidido remitirlo a la asesoría jurídica y a la Intervención General.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado poner el documento a disposición de la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma, si así lo requiere en el transcurso del proceso. Por su parte, la consejera de Sanidad,
María Luisa Real, lo presentará en el Parlamento durante su
comparecencia ante la Comisión que ha solicitado esta misma semana y que espera pueda producirse el próximo 4 de junio.
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha explicado que en el informe "desmonta la mayor parte de las acusaciones que se han hecho" y solo menciona "cinco pequeñas irregularidades" de índole administrativo pero "en ningún caso" delitos.
"No hay ningún desvío de fondos, no hay ninguna obra que se haya pagado que no esté hecha, puede haber alguna irregularidad administrativa", ha avanzado el presidente de Cantabria. En relación a las "irregularidades" que señala el informe, Revilla ha explicado que hay algunas relativas a la recepción de obras antes de su finalización, un hecho que, sin embargo, según el presidente cántabro, tiene "explicación" y se hizo para evitar la pérdida de fondos.
Pese a que "en principio" no se ha detectado ningún "ilícito penal", se está "a expensas" de lo que concluya la asesoría jurídica y la Intervención y, en función de ello, el Gobierno "actuará".
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