El consejero de Sanidad de Cantabria,
Miguel Rodríguez, ha asegurado que el
"el Gobierno no tiene ninguna intención de hacer recortes" en materia sanitaria. Así lo ha sentenciado ante el Pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta del diputado del PP
César Pascual, exgerente del Hospital Valdecilla, al que el dirigente socialista ha pedido
que no llame "recortes" a "simples reasignaciones" de créditos presupuestarios.
"Ustedes llaman recortes a cosas que no lo son", ha esgrimido el responsable del ramo que, en su intervención, ha defendido que la "agilidad" de contratación del
Ejecutivo PRC-PSOE es la "habitual", aunque ha apuntado que sería mayor si estuviesen aprobados los
Presupuestos Generales del Estado.
Rodríguez ha afeado la pregunta formulada al
Grupo Popular, al que ha acusado de "agarrarse a cualquier cuestión" en
periodo preelectoral como el actual, y al que
ha recordado "recortes" puestos en marcha durante su mandato en Cantabria, entre 2011 y 2015, así como a nivel nacional.
A modo de ejemplo, Rodríguez ha tachado de "recortes" las medidas aplicadas en el ámbito de los
derechos laborales de los profesionales, en las plantillas o en relación con los beneficiaros del sistema sanitario. También ha recriminado al PP que bajo su gestión aumentara
la lista de espera sanitaria, y ha comentado para finalizar que
"ustedes amenazan con la llegada del lobo, pero el lobo son ustedes".
Unos Presupuestos "inflados"
Al formular la pregunta, Pascual ha asegurado que han "desaparecido" más de 8 millones de
los "inflados" presupuestos, según ha dicho, en materia de infraestructuras, entre ellos los previstos para la ampliación del
Hospital de Laredo, aunque también se han "quitado" cuantías que iban destinadas a centros de salud.
Asimismo, ha indicado que hay
"medio millón" de euros menos en el programa de vacunación frente a lo inicialmente consignado, al tiempo que
se han reducido "noventa partidas presupuestarias", algunas hasta "la mitad".
A ello se suma, según el diputado del PP, que
Cantabria sea la segunda comunidad autónoma "más morosa", con una demora media de 71 días frente a los 59 de antes, o el hecho de que la deuda sanitaria haya aumentado por encima de los 100 millones.
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