El Partido Popular y Podemos han afirmado este martes que tras el cese del
director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González, la consejera de Sanidad,
María Luisa Real, debe dimitir por su actuación tras las denuncias por supuestas
irregularidades en contratos del SCS y han reclamado que si no da un paso atrás, que sea el presidente,
Miguel Angel Revilla, quien la cese.
Por su parte, Ciudadanos ha señalado que las dimisiones de los dos altos cargos reafirman la necesidad de
activar la comisión de investigación solicitada por este partido para "conocer la verdad" sobre los contratos del SCS. Mientras tanto, el PRC ha defendido que "lo adecuado" es esperar al resultado del expediente informativo que este jueves va al Consejo de Gobierno.
La presidenta del PP y exconsejera de Sanidad,
María José Sáenz de Buruaga, ha dicho que las dimisiones de Julián Pérez Gil y Javier González "eran la crónica de una muerte anunciada", pero ha recalcado que "no es suficiente" y que las responsabilidades políticas "no pueden acabar aquí".
En su opinión, las dimisiones "suponen la confirmación y el reconocimiento" de las "graves irregularidades en la contratación denunciadas por el Partido Popular"; y demuestran que "aquí no había ninguna novela, ninguna cacería, ni ninguna conspiración", sino una "denuncia fundada que a día de hoy ninguna de las personas implicadas ha sido capaz de aclarar y mucho menos igual de desvirtuar o rebatir".
"Única salida posible"
Para Buruaga, la única "salida posible" para ambos altos cargos era el cese o la dimisión, porque "a los ojos de la comunidad profesional y de la sociedad de Cantabria, carecen de la confianza y el crédito necesario" para seguir administrando los más de 800 millones de euros que conforman el presupuesto del SCS.
La presidenta del PP ha denunciado que la consejera pretende "poner en bandeja al presidente Revilla las cabezas de dos altos cargos para dar cerrojazo, para poner punto y final a este asunto", y con ello salvar su cabeza y seguir al frente de la Consejería.
Sin embargo, ha advertido que el PP "seguirá investigando unas irregularidades que son la punta del iceberg", y ha dicho que estos ceses "agrava la responsabilidad" de la consejera, que "es la que nombra, la que mantuvo y la que ha respaldado a estos altos cargos directamente implicados en estas irregularidades".
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