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Cantabria se descontrola como autonomía con más agresores en sanidad

La región repite podio con un aumento además del 92% de estos sucesos contra médicos y enfermeros

Los sanitarios de Cantabria protestan contra las agresiones.

21 mar 2023. 16.50H
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Cantabria se ha colocado por segundo año consecutivo como la comunidad con un mayor impacto en las agresiones a profesionales sanitarios. Los datos recabados por la Policía Nacional y la Guardia Civil han revelado que este servicio de salud cerró el 2022 con una tasa de 4,61 incidentes por cada 100.000 habitantes, lo que supone el valor más alto de las 17 autonomías españolas y una holgada diferencia frente a sus inmediatas perseguidoras.

Esta posición es el resultado de un aumento paulatino de las agresiones en Cantabria que no ha parado de crecer desde que se empezaron a recopilar las estadísticas. En 2022, se han notificado 27 casos en la región, lo que representa un incremento del 92,9 por ciento en comparación con el año anterior. Es el salto más grande en el territorio desde de los últimos cinco ejercicios, cuando las dos fuerzas de seguridad del Estado han ido plasmando sus datos.

La tasa por habitante de Cantabria solo ha sido superada por las dos ciudades autónomas que históricamente siempre han presentado un impacto de las agresiones a médicos o enfermeros en este fenómeno que el resto de regiones y cuya gestión depende directamente del Ministerio de Sanidad. Ceuta lidera la tabla con un impacto de 7,22 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone casi el triple que el año anterior. Mientras que le sigue Melilla con 4,7.

En la tabla por autonomías también ha destacado el alto volumen de incidentes que se han identificado en Extremadura donde se ha reportado una media de 2,84 por cada 100.000 residentes, lo que supone un punto por encima que en 2021. Le siguen de cerca Asturias (2,69 por cada 100.000), Andalucía (2,45 por cada 100.000), Castilla y León (2,32 por cada 100.000) o Región de Murcia (2,28 por cada 100.000).

En el otro lado de la balanza, hay un grupo de regiones que ha logrado mantener una tendencia algo más moderada. Es el caso de Castilla-La Mancha (1,51 por cada 100.000), Comunidad Valenciana (1,43 por cada 100.000), Galicia (1,38 por cada 100.000), Baleares (1,27 por cada 100.000), Canarias (1,24 por cada 100.000) o Aragón (1,13 por cada 100.000)

Mientras que la comunidad que mejores cifras ha presentado por segundo año consecutivo es La Rioja con un impacto de apenas 0,31 agresiones reportadas por cada 100.000 habitantes, aunque la cifra se ha incrementado en todo caso un 100 por ciento en comparación con el año anterior. Una situación parecida a la de Navarra que ha reportado 0,6 por cada 100.000 pero con una tendencia un 300 por ciento superior a la de 2021.


Los planes antiagresiones en Cantabria


Las cifras de las fuerzas de seguridad del Estado han colocado de nuevo a Cantabria como la autonomía más golpeada, aunque si se suman a la ecuación los datos propios de la región el volumen de agresiones a médicos o enfermeros todavía se incrementa. Según las cifras del Gobierno autonómico, en 2022 se han contabilizado 252 incidentes, lo que supone un importante salto en comparación con los 186 del año anterior.

El perfil de las víctimas está marcado por el carácter femenino. En un 81 por ciento de los casos se trata de mujeres mientras que, si atendemos a su profesión, las más afectadas son las médicas, seguidas por enfermeras, administrativas, celadoras o auxiliares. Las agresiones en un 90 por ciento de los casos han sido de carácter verbal por vejaciones o amenazas, en un 2 por ciento físicas y en el 8 por ciento restantes una combinación de ambas. Aunque más de 8 de cada 10 no se han traducido en una denuncia formal a las autoridades.

Tipología de las agresiones a sanitarios. Gobierno de Cantabria. 


Ante esta situación, desde el servicio de salud se han marcado una serie de objetivos como implantar el botón del pánico (alertcops) en al menos el 50 por ciento de los dispositivos, aumentar la seguridad en los centros, contratar nuevas cámaras de seguridad, fomentar las denuncias entre los sanitarios, prestar acompañamiento, formar al personal o extender el procedimiento de comunicaciones al sector privado.

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