Los convenios singulares de vinculación del
Servicio Cántabro de Salud (SCS) y la red sanitaria privada podrán tener
una duración máxima de veinte años, incluida su eventual prórroga, que no podrá exceder de cuatro años. Además, el SCS podrá modificar durante su vigencia las condiciones técnicas y económicas en la forma y plazos previsto. Así se refleja en el
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que ha publicado el Gobierno autonómico, aunque para que sea oficial tendrá que ser aprobado en el Parlamento de Cantabria.
El texto dicta que
la colaboración con la red sanitaria privada se podrá articular a través de convenios singulares de vinculación con entidades sin ánimo de lucro. Dentro de estos acuerdos, se deberán tener en cuenta los principios de igualdad, subsidiariedad, complementariedad, optimización y adecuada utilización de los servicios públicos y privados.
El
procedimiento de vinculación se iniciará de oficio por
el titular de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, con un previo informe sobre la concurrencia de circunstancias que hagan necesario acudir a la vinculación, una memoria económica sobre el importe máximo del coste de la vinculación y el certificado de crédito adecuado y suficiente. Asimismo, el director será el encargado de aprobar la oportuna convocatoria, que deberá recoger plazos, documentación a presentar, requisitos de participación y criterios de selección.
Colaboraciones con empresas privadas en el SCS
Las solicitudes de las entidades que opten a suscribir el convenio serán valoradas por un
comité cuya composición se determinará en la convocatoria. El documento afirma que se podrá prescindir de la convocatoria pública cuando existan razones objetivas de planificación de recursos sanitarios, ya sea por motivos geográficos o de
cartera de servicios, que justifiquen la suscripción del convenio con una concreta entidad, extremo que deberá acreditarse en el expediente mediante memoria técnica de la Subdirección de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud.
Otro de los puntos que recoge el documento en clave sanitaria es la
modificación del anexo de tasas aplicables por la Consejería de Salud. Concretamente, se modifica la tasa 7, que es la de
participación en pruebas selectivas de personal estatutario.
De esta manera, las pruebas para el acceso a plazas de los grupos A1 y A2 costarían
un total de 31,62 euros. Por otro lado, las de los grupos C1, C2 y C3 supondrían un desembolso de 12,63 euros. Según el texto, están exentos de pagar esta tasa las personas desempleadas, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, las víctimas del terrorismo, las víctimas de la violencia de género y los miembros de familias numerosas o monoparentales.
Historia clínica sanitaria
El Proyecto de Ley también recoge las tasas, por ejemplo, por realización de actuaciones, inspecciones y
autorizaciones en materia sanitaria y las tasas por
pruebas de laboratorio de salud pública, que son las realizadas a través de los centros o dependencias sanitarias de la Consejería competente en la materia, cuando por cualquier causa no pueden efectuarse por el sector privado.
Sumada a las dos mencionadas se establece
la tasa por copia de documentación de la historia clínica. Concretamente, los usuarios deberán pagar 15,96 euros por la copia de informes clínicos en soporte digital y de radiografías en soporte acetato y 10,64 euros por una copia en soporte digital de imágenes radiográficas y otras exploraciones de diagnóstico por la imagen.
También se fijan las
tasas por autorizaciones administrativas de Establecimientos y Servicios de atención farmacéutica en Cantabria y las tasas de fabricantes de productos sanitarios a medida. Esta última constaría de tres tipos de tarifas. La primera, es decir, la concesión de la licencia de funcionamiento a fabricantes de productos sanitarios a medida
será de 211,45 euros. Por otro lado, la tarifa de renovación de la licencia de funcionamiento de fabricantes de productos sanitarios a medida será de
143,19 euros, y la modificación sujeta a autorización de la licencia de funcionamiento de fabricantes de productos sanitarios a medida será de
97,46 euros.
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