El
Gobierno de Cantabria optará por establecer concursos de méritos para cubrir plazas de difícil cobertura en el Servicio de Salud. Esta iniciativa forma parte del proyecto de
Ley de Simplificación Administrativa, que ha remitido el Ejecutivo autonómico al Parlamento cántabro. Se trata de una norma “con una buena acogida” que buscará reducir los tiempos de resolución y de cargas administrativas, así como mejoras en los sistemas de organización, gestión y digitalización.
Otra de las medidas que se pondrán en marcha, según el borrador del documento, será la modificación de la Ley 7/2002 de
Ordenación Sanitaria de Cantabria. Con ello se pretende
considerar al personal del Sistema Sanitario Público de Cantabria como autoridad pública, “con el fin de
procurar el respeto que les es debido en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades para alcanzar una convivencia adecuada, gozando de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente”.
Personal sanitario cántabro como autoridad pública
Respecto a la primera norma mencionada, concretamente, se modificará la Ley 9/2010 de
Personal Estatuario de instituciones sanitarias de Cantabria. El texto dicta que excepcionalmente, cuando concurran necesidades urgentes de incorporación de personal, se podrán aprobar ofertas de empleo público para ámbitos o categorías específicos. Sin embargo,
las plazas de difícil cobertura vacantes y desempeñadas con carácter temporal se gestionarán a través del sistema de concurso, que contemplará como criterio preferente el baremo de los méritos. Una OPE que “deberá desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años”.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria,
Isabel Urrutia, ha sido la encargada de presentar este proyecto en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Es una iniciativa, además, que ha pasado por un periodo de información pública y que
recoge alegaciones de numerosos colectivos.
Concretamente, Urrutia ha asegurado que varias organizaciones han aportado sugerencias relacionadas con la
mejora de los sistemas informáticos para la transmisión de información entre ciudadanos y Administración, con la aportación de medios para hacer más eficaz la norma, junto a documentos y modelos estandarizados e instrucciones que faciliten la presentación de la documentación y con
la colaboración y coordinación con los ayuntamientos.
Agilización de la burocracia en el Servicio Cántabro de Salud
El nuevo proyecto de Ley regula, además, las entidades colaboradoras de certificación, acreditación y registro para
agilizar los trámites que se deben presentar ante la Administración Pública. En este ámbito, se introducen otras mejoras al texto, con respecto a la norma presentada en agosto, dado que no tendrán que volver a acreditarse si cuentan con la habilitación nacional y formarán parte del Observatorio para la simplificación administrativa.
Entre las alegaciones presentadas en materia sanitaria destaca la de
Pedro José Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista. El documento presentado por su formación solicita que en el texto legislativo de la futura Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, se tenga en cuenta
la situación de carga burocrática que afecta a los profesionales sanitarios. Además, insta a que el consejero de Salud forme parte de la Comisión Delegada para la Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas.
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