El Servicio Cántabro de Salud (
SCS) no tiene implementado, a día de hoy, el
permiso parental recogido en el
Real Decreto-Ley 5/2023, de 27 de junio, que estipula que el trabajador público puede acogerse a ese derecho para la
conciliación del cuidado de sus hijos. Se trata de un permiso que, por el momento, no conlleva retribución económica alguna para los profesionales que se acogen a esa posibilidad. Todavía falta por estipular si será el
Gobierno central o los Ejecutivo autonómicos quienes se hagan cargo de ese monto. La moción ha sido debatida este martes en el
Parlamento de Cantabria, presentada por el Partido Socialista, para instar al Ejecutivo regional la puesta en marcha de este permiso en toda la Administración Pública, también en el
sistema sanitario público.
“Es un permiso sin sueldo, sí, pero es que en estos momentos no está ni articulado en el
Servicio Cántabro de Salud”, ha recalcado
Raúl Pesquera, diputado del PSOE encargado de defender la moción. El socialista ha afeado al Gobierno que dirige la popular
María José Sáenz de Buruaga, especialmente al consejero de Salud, que el propio Ejecutivo autonómico va a
dos velocidades en la implementación de esta medida, que ya
fue debatida y aprobada en el Congreso de los Diputados hace algo menos de un año.
“No podemos tener
personal en la Administración de Cantabria de primera y segunda división. Lo tienen en Educación, los sanitarios no”, ha denunciado
Paula Fernández Viaña, del Partido Regionalista de Cantabria (
PRC). “Es una norma que concede derechos”, ha argumentado Fernández Viaña, tras anunciar que su grupo parlamentario votaría a favor del planteamiento de los socialistas.
De hecho, la moción del PSOE ha sido
aprobada por unanimidad del Parlamento de Cantabria, también por los votos de
Vox y del
Partido Popular. Y es que el PP ha enfocado el debate por la instancia debe pagar dicho permiso. Según la diputada
María Jesús Susinos, se trata de una prestación que debe partir de la
Seguridad Social: “El Gobierno de Pedro Sánchez debe desarrollar el reglamento, porque estos permisos son sin sueldo. El consejero Pascual ya dijo que sería el Gobierno del Estado quien tenga que
definir la remuneración por este permiso, y si debe ser la Seguridad Social o el Gobierno regional quien tenga que hacer su pago”.
Y es que Susinos ha recalcado que el Ejecutivo central tiene de
plazo hasta el 2 de agosto para estipular dicha responsabilidad. “Nos consta que están en ello”, ha incidido, defendiendo que debe ser el
Gobierno de España quien tiene que hacerse cargo de ese monto.
“Descoordinación” cántabra en permisos parentales
Pero, a pesar de que la norma no termine de estar definida al cien por cien debido a esa ‘laguna’ respecto al pagador, desde el PRC han afeado al Ejecutivo de Sáenz de Buruaga su
“descoordinación”. Desde la bancada regionalista han considerado que Cantabria, lo primero que tiene que hacer es “
cumplir el Real Decreto-Ley, que quedó convalidado hace un año”, para avanzar y afianzar una directiva “que tiene como objetivo
eliminar cualquier desventaja o merma en las carreras profesionales”.
“No hay ninguna razón para retrasar la aprobación de la norma por parte del
Gobierno de Cantabria”, ha resaltado Fernández Viaña, señalando que permite “el
reconocimiento del derecho a la conciliación”. Además, ha emplazado al Ejecutivo cántabro a seguir los pasos del
Gobierno de Canarias, que ha puesto en marcha la medida “de manera homogénea” en toda su estructura pública.
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