Este lunes se conocían las
dimisiones del gerente del Servicio Cántabro de Salud ,Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González. Estos movimientos se producen un mes después de que se hayan
denunciado presuntas irregularidades en contrataciones.
Redacción Médica ha hablado con la presidenta del PP cántabro,
María José Sáenz de Buruaga, quien ha manifestado que
estas dimisiones confirman las irregularidades denunciadas por su partido.
¿Cuál es su opinión sobre las dimisiones que se han producido en el Servicio Cántabro de Salud?
Estas dimisiones son el reconocimiento, por parte de la cúpula de nuestra sanidad, de las graves irregularidades en la contratación que han sido denunciadas por el Partido Popular. Después de las dimisiones de este martes, se constata que aquí no había ninguna novela, ni cacería, ni ninguna conspiración. Había hechos y pruebas.
Hay denuncias fundadas que ninguno de los implicados en este asunto ha podido explicar y tampoco ha sido capaz de desvirtuar ni rebatir. Por tanto, estamos ante la 'crónica de una muerte anunciada'. No esperábamos otra cosa ni había otra salida posible porque, conociendo los hechos, la situación era insostenible. Se han visto acorralados.
"El gerente y el subdirector no tenían la confianza de los profesionales y la sociedad para seguir al frente de la sanidad cántabra"
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El gerente y el subdirector carecían, a los ojos de la comunidad profesional y de la sociedad de Cantabria, del crédito, la confianza, la integridad y la ética pública necesaria para seguir dirigiendo nuestro Servicio Cántabro de Salud (SCS) y para seguir gestionando los más de 800.000 euros de presupuesto que tiene asignado.
Según unas declaraciones de Iñigo Fernández, antes del correo de la jefa de Contratación, ya se habían denunciado verbalmente las presuntas irregularidades de los gestores del SCS pero, aun así, la consejera no hizo nada.
Aquí se han cruzado muchas cosas. Lo que está ocurriendo a lo largo de esta legislatura era un clamor para todo aquel que ha querido escuchar. Ha sido un secreto a voces durante toda la legislatura. Nosotros recibimos esos rumores y, como presidenta del partido y como exconsejera de Sanidad y con el conocimiento exhaustivo del servicio de salud, pusimos en marcha, hace ocho meses, una investigación propia, redoblando así la labor de seguimiento del Gobierno cántabro.
Hemos demandado información y requerido expedientes, una tarea nada sencilla porque es difícil fiscalizar a alguien que no quiere ser fiscalizado. Cuando estuvimos en condiciones de aportar hechos objetivos, con realidades contrastadas y documentadas fue cuando formulamos esta denuncia que coincide con la denuncia por parte de la jefa del servicio de Contratación.
Esta funcionaria envió un correo electrónico dirigido al gerente del SCS, a la consejera y a la secretaria general de la consejería en la que pone de manifiesto una serie de irregularidades. Esa denuncia pone de manifiesto hechos muy graves pero no va acompañada de documentación que así lo demuestre.
Esa labor es la que hemos realizado desde el Partido Popular asumiendo el liderazgo en este asunto. Hemos actuado con absoluta lealtad y responsabilidad, porque lo primero que hicimos fue dirigir un dossier con la documentación al presidente del Gobierno de Cantabria y a la intervención general de la comunidad autónoma para que tomasen las medidas oportunas. La inacción del Gobierno hace que la situación haya acabado como lo ha hecho: con las dimisiones y la denuncia ante la fiscalía.
Los máximos responsables del SCS negaron las irregularidades, en cambio, la consejera sí reconoció que había contratos con "alguna incidencia". ¿Cómo calificaría la actuación de María Luisa Real ante esta situación?
El gerente del SCS y el subdirector han sido llevados ante el parlamento por aparecer directamente implicados en estas irregularidades. Estas personas han sido incapaces de dar una sola explicación y tampoco de rebatir las acusaciones. Hemos asistido a un espectáculo tan lamentable en política que consiste en decir que esto es habitual en todas las Administraciones. Han dicho que había una maniobra política y una conspiración contra los responsables del SCS. Han tratado de poner bajo sospecha la gestión del anterior Ejecutivo del Gobierno del PP e, incluso, hemos visto como a la funcionaria, a la cual se le dijo que se le iba a proteger, se le ha puesto en duda y se la ha desprestigiado.
La actitud de la consejera es la más grave porque, no olvidemos, que la consejera es quien nombra, quien ha mantenido y respaldado a estos directivos que aparecen implicados en estas irregularidades desde el primer momento. No solo no ha hecho nada ante las denuncias de la funcionaria, sino que es la persona que pone en marcha una maniobra para tratar de enterrar este asunto. La consejera tiene que asumir sus responsabilidades políticas.
"La actitud de la consejera es la más grave porque ha mantenido el respaldo a los implicados en las irregularidades"
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Se ha puesto en marcha una investigación interna que para nosotros es un montaje, una maniobra de distracción y toda una farsa que insulta a la inteligencia de cualquiera. Es una investigación absolutamente dirigida que se ha encomendado a alguien dependiente de la Consejería de Sanidad, lo que no nos da ninguna credibilidad. Por lo tanto, la consejera aparece como cómplice de la trama y como principal responsable política. Creo que está inhabilitada para seguir un minuto más dirigiendo la sanidad pública de Cantabria.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no se plantea cesar a la consejera, al menos de momento, y ha señalado que debe ser Real quién dé explicaciones.
Efectivamente. El señor Revilla suele dar recetas para los demás, pero que no se aplica a sí mismo. Suele ser muy exigente. Tiene una doble vara de medir para los demás que no se aplica a él mismo. Nos tiene muy acostumbrados a decir que cualquiera que vaya a su despacho y denuncie lo tendrá a él para acompañarle donde haga falta. En esta ocasión no ha sido así.
Nos hemos encontrado en todo momento con un muro. El señor Revilla no ha hecho absolutamente nada. En los primeros momentos llegó a calificar este asunto de "novela" y de "mucho cuento", aunque supongo que ya tendrá conocimiento de la realidad de estas irregularidades. De hecho, ha sido su inacción la que nos ha empujado a llevar este asunto ante la fiscalía.
Es absolutamente inadmisible que Revilla haya dicho que no conoce absolutamente de nada a las personas implicadas. Lo único que demuestra es lo que todos cántabros ya ven y es que Cantabria no tiene a un presidente. Desgraciadamente, está más dedicado a su negocio particular, a la venta y promoción de sus libros que a ejercer como un verdadero presidente.
Nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño. Ahora mismo, la consejera solo tiene una salida digna y es la de dimitir. Las responsabilidades políticas no pueden acabar en las dimisiones que se han producido este martes, tienen que llegar hasta la consejera. No puede mantener la confianza en una consejera que Cantabria no merece.
¿Qué opina de la demanda presentada por el subdirector de Gestión Económica contra la funcionaria que denunció las irregularidades?
Lógicamente, es algo absolutamente descabellado y que va en contra de todos los principios de buena gestión con los que tanto algunos se llenan la boca. Lo que cabía esperar es que cada una de las acusaciones puestas en conocimiento por parte de la funcionaria o por el PP hubieran tenido un argumento, pero la única respuesta que ha habido ha sido la de tratar de matar al mensajero, de desprestigiar a esta funcionaria e incluso llevarla a los tribunales.
Tras las dimisiones y las denuncias ante la Fiscalía, ¿cómo ve el futuro de la sanidad cántabra?
El futuro de la sanidad cántabra está en manos de quienes lo ha estado desde el primer momento. Es una magnífica sanidad. Así la valoran los ciudadanos y así ha sido tradicionalmente porque tiene unos extraordinarios profesionales sanitarios que son los que llevan tirando del carro en solitario durante toda esta legislatura. Esperamos que se solucione esta situación indeseable que, lógicamente, no es buena. Me imagino que se va a producir el relevo al frente de la gerencia del SCS para cubrir esos espacios pero estará todo incompleto mientras no asuma responsabilidad política la máxima responsable de todo lo que ha ocurrido en el servicio. Lo mejor que le puede pasar a la sanidad cántabra es que haya un relevo de toda la cúpula directiva, tal y como hemos exigido.
Además, hemos sacado adelante una iniciativa para que la intervención general de la comunidad autónoma lleve a cabo una autoría específica en relación con todos los contratos hechos en esta legislatura por parte del SCS. Es muy importante abrir una investigación en profundidad y ver hasta dónde alcanza este asunto, porque yo creo que solo es la punta del iceberg. Aunque lo más importante es poner coto a este tipo de prácticas que se vienen produciendo en el SCS.
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