Los funcionarios no estarán excluidos de la sanidad pública canaria. Así lo ha puesto de manifiesto la
Consejería de Sanidad de esta región, después de que
el Tribunal Supremo anulara los convenios que tenía hasta ahora el
Servicio Canario de Salud con la
Mutualidad General Judicial (Mugeju), la
Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface) y el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).
"Los usuarios no se verán afectados y seguirán recibiendo la asistencia sanitaria tal como ha sucedido hasta ahora", ha expresado la Administración autonómica al respecto, añadiendo que
"la atención que se preste se facturará desde el SCS a las mutualidades, según corresponda".
En concreto, los funcionarios del Estado pueden elegir entre sanidad privada (que en Canarias la presta Adeslas y Mapfre) o pública.
"Si elegías estar en una aseguradora privada ellos te dan todos los servicios, pero si hay alguno que no tengan, te derivan a la pública", explicó José Ricardo Gómez, secretario de organización del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).Esto podría cambiar a partir de ahora y "al no haber convenio" podría ser que los funcionarios no tuvieran la posibilidad de elegir estar asegurado por el SCS, asegura Gómez.
En este sentido, Isfas ha comunicado que "los titulares y beneficiarios de su mutualidad que han optado por recibir la asistencia sanitaria a través del Servicio Canario de la Salud
seguirán siendo atendidos con normalidad por este". El problema que los funcionarios temían que pudiera ocurrir, según Ana Gutiérrez, presidenta provincial de la Administración General del Estado (AGE) y presidenta de la junta de personal en Tenerife, tenía que ver con el servicio de Urgencias, tal y como
informa el diario provincial El Día.
En este escrito, Isfas reclama al Estado y a la comunidad a que colaboren "para resolver de común acuerdo las cuestiones planteadas en la sentencia".
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