La Sala Tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación planteado por el Gobierno de Canarias contra el concierto que mantiene la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), para la prestación de asistencia sanitaria a sus mutualistas en la comunidad autónoma.
El Supremo, con esta resolución, considera válida la denuncia formulada por la Consejería de Sanidad, en septiembre de 2012, y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias de enero de 2015 que había dado la razón al Estado frente en este contencioso con Canarias.
El Supremo, contrariamente al TSJ, señala que el acto de denuncia del concierto se ajusta a los requerimientos del convenio así como al plazo exigido para comunicar aquella decisión por lo que entiende que no ha habido lesión de las obligaciones de buena fe y lealtad institucional.
Las desavenencias entre Canarias y el Estado tienen que ver con asuntos tales como la compensación económica por prestaciones y por gastos tales como la dispensación farmacéutica hospitalaria, entre otros. La sentencia frena el acceso de soldados y guardias civiles al Servicio Canario de la Salud (SCS) como mutualistas y tendrán que acudir a otro tipo de centros concertados con Isfas.
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