El director del Servicio Canario de Salud (SCS),
Conrado Domínguez, ha presentado
su dimisión este jueves alegando que ha tomado esta decisión para poder mantener sus derechos de defensa en el conocido como
`Caso mascarillas´ y sin que ello afecte al SCS.
Domínguez presentó esta misma mañana su carta de dimisión al consejero de Sanidad,
Blas Trujillo, para centrarse en la preparación de su defensa ante el giro que ha tomado la investigación judicial del caso en el que estaría envuelto.
En la misiva, asegura que deja el cargo “como consecuencia de la
decisión judicial de declaración de secreto de sumario del proceso judicial en el que me encuentro en este momento,
en calidad de investigado, y a fin de poder mantener mis derechos de defensa sin que ello pueda repercutir en el Servicio Canario de la Salud”.
Además,
agradece a todos los profesionales del SCS y de la Consejería de Sanidad, así como a las asociaciones de pacientes, “la leal e inestimable colaboración prestada en esta etapa al frente del SCS”.
Bajo sospecha un contrato de cuatro millones de euros
En este procedimiento,
se investiga un contrato por el que el Servicio Canario de Salud abonó cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió a la sociedad RR7. Se trata de una empresa dedicada al comercio de coches sin experiencia anterior en la importación de material sanitario.
En las diligencias practicadas hasta el momento, el administrador de RR7,
Rayco Rubén González, está imputado en delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales y el director del SCS, Conrado Domíngez, en
delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Blas Trujillo defiende la legalidad del proceso
El consejero Blas Trujillo ya defendió anteriormente la "legalidad" del SCS en la operación y negado también que se le haya exigido dimitir por parte del Gobierno de Canarias.
El responsable de la sanidad canario justificó recientemente que el contrato con el momento de tensión mundial que había en el mercado sanitario y aunque ahora, con la "experiencia" de la pandemia igual se hubiera adoptado otra decisión, ha apuntado que volvería a colaborar con el comité de emergencia. "Volvería a decir que sí, vale la pena el trabajo que se ha hecho", ha agregado.
Domínguez, querellado por la Fiscalía Anticorrupción por indicios de prevaricación y tráfico de influencia (al empresario Rayco González por estafa agravada y blanqueo de capitales), se ha amparado en la modificación de la normativa de contratos públicos, vía real decreto ley, que permitía, entre otras cosas, el abono de pagos por adelantado o que las empresas suministradoras de material no tuvieran ese objeto social.
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