El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que, ante la reforma del sistema de financiación, se tenga en cuenta las diversidades regionales ante factores o variables de salud que inciden directamente en las necesidades de gasto.
La propuesta, planteada en la comisión delegada del Consejo Interterritorial, propone incluir como indicador el estado de salud de la población, puesto que este aspecto incide directamente en las necesidades de gasto de los servicios sanitarios tal como sucede con la esperanza de vida al nacer y a los 65 años y los años de vida saludable, indicadores que presentan una gran desigualdad entre CCAA.
Asimismo, señaló la necesidad de tomar como referencia los datos de población ajustada y no los del padrón para poder establecer las necesidades de gasto de las comunidades autónomas y determinar objetivamente los costes de las prestaciones de los servicios de competencia autonómica. En este sentido, se mostró partidario de tomar como referencia el indicador de población protegida equivalente.
Conrado Domínguez consideró que "no sólo hay que tener en cuenta los coeficientes de ponderación de cada tramo de edad, sino también aspectos como el estado de la salud para determinar su peso en el gasto sanitario, ya que considerar únicamente el envejecimiento favorece a unas comunidades autónomas en detrimento de otras".
Compensación por hospitales y déficit de financiación
El director del SCS solicitó también el reconocimiento de los hospitales de las islas capitalinas como centros de referencia de los de islas no capitalinas y, por tanto, sean compensados por el Fondo Cohesión al igual que se hace con los centros de referencia de la Península.
Conrado Domínguez explicó que las peculiaridades geográficas y de salud de Canarias deben ser tenidas en cuenta especialmente debido al déficit de financiación sanitaria que arrastra Canarias desde el año 2009, cifrado ya en 1.800 millones. En este sentido, precisó que Canarias ha estado haciendo un esfuerzo presupuestario para paliar la falta de recursos que garanticen el derecho de la ciudadanía a recibir una asistencia sanitaria de calidad.
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