Los consejeros de
Sanidad y de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, José Manuel
Baltar y Cristina Valido, respectivamente, mantuvieron este miércoles en Tenerife una reunión con la
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, en la que le trasladaron las
reivindicaciones de Canarias en materia
sanitaria y social.
Durante el encuentro, Baltar planteó que se retome con urgencia el debate sobre la
actualización del sistema de financiación, tal como estaba previsto, y al que Canarias había presentado una propuesta en la anterior Comisión Delegada del Consejo Interterritorial.
Asimismo, explicó que su departamento está
"muy preocupado" por las medidas a tomar para paliar el déficit de facultativos especialistas dada su importancia para la sanidad en Canarias, ya que en "complicado" encontrar profesionales para territorios insulares y, especialmente, en las áreas de salud no capitalinas.
En este sentido, señaló que el SCS
ha solicitado un incremento de 16 plazas para la formación de médicos internos residentes (MIR). Además, pidió que se agilicen las reuniones de coordinación para la realización de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) a nivel nacional.
Dependencia
Por su parte, Cristina Valido mostró su deseo de que se hagan realidad cuanto antes las intenciones manifestadas por la ministra sobre la recuperación del nivel de financiación mínimo, que se recortó en 2012, ya que ese era un objetivo planteado por las comunidades autónomas, y largamente acariciado especialmente por Canarias, donde
el Estado apenas llega a financiar un 20 por ciento del coste de la dependencia.
La consejera recordó la necesidad de
firmar cuanto antes los acuerdos que comprometían casi siete millones de euros de la recaudación del IRPF para financiar los servicios que prestan las entidades del Tercer Sector en el ámbito de los Servicios Sociales, y de que se materialicen los acuerdos que permitan recibir cuanto antes los 30 millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado destinados a financiar acciones contra la pobreza y para la inclusión social.
En este punto, la consejera mostró su "preocupación" para que no se repitan los
problemas del presupuesto pasado, que tenían unos objetivos y un plazo de ejecución que hacía imposible a muchos ayuntamientos pudieran asumir la asignación de presupuestos por su dificultad para ejecutarlos, recoge una nota del Gobierno regional.
Valido explica que es importante que se firmen con un acuerdo realista, que permita a los ayuntamientos
destinar un 30 por ciento a la contratación de personal y que el plazo de ejecución y justificación se ajuste a las peticiones realizadas por los municipios.
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