La actual situación irregular de los
convenios sanitarios en Canarias está a punto de saltar por los aires. El propio consejero de Sanidad,
José Manuel Baltar, ha reconocido ya que debe “normalizar” la
situación de las decenas de contratos “desfasados” a través de los cuales el Servicio Canario de Salud (SCS) presta parte de la asistencia, lo que anticipa un proceso de revisión de los mismos. El
grupo Hospiten, con dos contratos en Tenerife –uno heredado del Insalud y otro directamente preconstitucional– que suponen unos 32 millones de euros al año, es uno de los principales afectados.
La
situación de los convenios sanitarios en el SCS viene de largo. La mayoría de ellos son previos a las transferencias (en 1994) y, según denuncian colectivos como Intersindical Canaria (IC) o la Marea Blanca insular, no se ajustan a la legalidad vigente. “No son conformes a la Ley 53/1999 de Contratos de la Administración Pública. Pedimos que se declaren extinguidos y los nuevos contratos se ajusten a la legislación vigente”, señala
Caty Darías, portavoz de IC. Este sindicato ha interpuesto una denuncia como los convenios en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
En esta última isla, Hospiten Tenerife recibe un 40 por ciento de los 81 millones de euros que el SCS destina a convenios en la Isla. Lo hace a través de dos documentos firmados en 1977 –con la Clínica Bellevue– y en 1987 –con Hospiten Sur– y a los que se añadió una cláusula adicional de revisión de precios en 2013. Estos contratos están disponibles en la
web de Transparencia del SCS, pero no así la facturación total anual de cada centro. Tras solicitarlo la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), el SCS remitió a este colectivo un
desglose con los datos.
En este desglose, los dos contratos entre el Gobierno Canario con Hospiten en Tenerife se convierten en cuatro
epígrafes: ‘Hospiten Las Américas’: 12,03 millones; ‘No Concertado Hospiten Las Américas’: 56.263 euros; ‘Hospiten Bellevue’: 16,61 millones, y ‘Hospiten Rambla’, 3,19 millones de euros.
Ante inconsistencias como ésta y otras relativas a otros prestadores de servicios, la ADSP ha pedido que se investiguen en detalle estos convenios. “El Parlamento se negó a una auditoria de los Conciertos hace unos meses”, lamenta el presidente de esta asociación,
Guillermo de la Barreda. Sin embargo, ahora es la propia Consejería de Sanidad la que ha reconocido ahora la necesidad de actuar ante las anomalías contractuales.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.