Baleares, Navarra y Andalucía. Tres comunidades autónomas han dado ya grandes pasos para tener transferidas las competencia sanitarias de sus redes penitenciarias, tal y como han confirmado fuentes de Instituciones Penitenciarias a
Redacción Médica. Según las mismas, la comunidad balear y la navarra están a “poco trámites” de conseguir esta transferencia, dictaminada por la Ley 16/2003.
Según el organismo del que está al frente Ángel Luis Ortiz González, Navarra estaría ya en conversaciones con el
Ministerio de Hacienda para solventar los costos económicos derivados de esta transferencia. La secretaría dependiente del Ministerio del Interior asegura que la intención del organismo es que todas las CCAA transfieran sus competencias pero lleva un trabajo en colaboración con otras instituciones y, sobre todo, precisa de la colaboración por parte de las autonomías.
La transferencia en las
Islas Baleares es una de las más recientes puesto que, hasta ahora, no se conocían los avances de esta comunidad. Hasta ahora, Interior veía solo a Navarra y Andalucía como las CCAA más próximas a asumir esta gestión sanitaria después de varias reuniones con el
consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que adelantó Redacción Médica.
"Un problema con la sanidad penitenciaria"
En estos mismos términos, Instituciones Penitenciarias ha vuelto a reconocer que “hay un problema con la sanidad” en las prisiones y
sobre todo con las plantillas. Por ello, aseguran que están trabajando para conseguir la transferencia de todas comunidades autónomas. “Está comprobado que
País Vasco y Cataluña es el modelo que funciona”, ratifican.
El parón de las transferencias de la sanidad penitenciaria no sólo afecta a los presos y la calidad de su atención.
Los profesionales sanitarios han denunciado en múltiples ocasiones diferencias salariales de hasta
1.500 euros al mes, falta de efectivos y problemas de dotación. Inconvenientes a la hora de realizar su trabajo diario que, según estos mismos sanitarios, t
ambién se solucionaría con la transferencia de la sanidad.
De esta forma, estas CCAA serán las siguientes en poseer las competencias de la sanidad penitenciaria (tras el traspaso de las de
País Vasco y Cataluña)
15 años después de que se aprobara la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Una norma que estipulaba un plazo de 18 meses para que los servicios sanitarios penitenciarios se integraran en los
servicios de salud de las distintas regiones.
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