Los sindicatos sanitarios de Baleares piden
flexibilizar las exigencias del nivel del catalán tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el decreto que atenuaba la Ley 4/2016 para acceder a la función pública balear, que contiene medidas de capacitación lingüística. El decreto contemplaba rebajar el nivel que debían acreditar médicos y enfermeras de B2 a B1 y permitía presentarse a las oposiciones sin acreditar ese nivel con la condición de que en el plazo de dos años presentaran la titulación correspondiente.
La
anulación del decreto hace que la selección de personal sanitario se rija por la legislación más restrictiva. Por ello, los sindicatos sanitarios de Baleares consideran que estas mayores exigencias
no ayudarán a solventar la falta de profesionales sanitarios en la región.
El presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal),
Miguel Lázaro, considera que el fallo del Supremo
“complicará más la gestión de la sanidad pública”. Lázaro asegura que a Baleares le
faltan 800 médicos de atención hospitalaria y primaria, según las estimaciones del sindicato, por lo que lamenta que “que vuelva la mayor exigencia del requisito del catalán es un hándicap para captar y fidelizar médicos”.
El presidente del Simebal asegura que “no hay ningún problema lingüístico en la sanidad balear; es un problema politizado”. “Le pedimos al Govern que legisle teniendo en cuenta el
escenario sanitario con una falta importante de médicos”, asevera Lázaro, que también reclama que se integre el decreto anulado de forma adicional a la ley vigente para favorecer al captación y fidelización de médicos, ya que el “interés de la salud debe prevalecer sobre cualquier otro objetivo o interés partidista”.
Desde la federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Baleares, representado por
Juan Pons, abogan por que ningún profesional en combinación con el aprendizaje o conocimiento de la lengua catalana se quede al margen del mercado laboral por este hecho.
Pons reconoce que “es un tema muy sensible” y que con la decisión del Supremo
“las exigencias son mayores”. El portavoz pide a la administración pública “que se facilite el aprendizaje del catalán con la realización de cursos en horarios de trabajo” para que
“todos los profesionales tengan acceso al mercado laboral”.
¿Cuál ha sido la reacción del Govern balear?
La consellera de Salut del Govern balear,
Patricia Gómez, se ha pronunciado a la decisión del Tribunal Supremo y ha pedido “tranquilidad porque
el desconocimiento del idioma no es un impedimento para venir a trabajar a Baleares”.
Gómez ha manifestado que con las leyes vigentes, de normalización lingüística y función pública, en las categorías de profesionales que son escasas, el requisito del catalán se puede eximir durante un plazo de dos años para que la persona lo pueda aprender durante este tiempo y entonces acreditar el nivel que corresponda.
“Dede la administración debemos favorecer el uso del catalán y promover la formación entre los profesionales”, ha indicado Gómez. La consellera de Salut ha señalado que los procesos de selección en curso mantendrán las bases con las que se publicaron y también ha defendido “los derechos de los ciudadanos para que se puedan dirigir a la administración tanto en catalán como en castellano”.
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