La Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha suspendido cautelarmente a los dos profesores que fueron detenidos, y que ya han sido puestos en libertad por vender, según asegura la Policía Nacional, un fármaco falso al que le atribuyen propiedades curativas contra el cáncer.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha informado de que los dos profesores y los otros tres investigadores todavía no han declarado ante el juez, que próximamente les citará, y desde la compañía, Lipopharma, se asegura que nunca han comercializado este fármaco, Minerval, y que además se ha confirmado que este ha tenido una "actividad clínica beneficiosa" en pacientes con tumores.
En un comunicado, la UIB ha explicado este miércoles que ha suspendido la actividad docente de los dos profesores en relación a las diligencias abiertas por la Policía Nacional "como medida cautelar inicial". Según aseguran, estos hechos "no pueden poner en cuestión el prestigio investigador de la UIB, que ocupa una posición destacada entre las universidades españolas en cuanto a productividad investigadora", según el último ranking de universidades, U-Ranking.
Además, destacan que esto tampoco deben poner en cuestión "el buen trabajo de los casi 700 investigadores que desarrollan su tarea en los departamentos e institutos universitarios de investigación que integran la UIB ni del personal de administración y servicios que les dan apoyo".
Ciudadanos pide la comparecencia del rector
La diputada de Ciudadanos (Cs) Baleares en el Parlament, Olga Ballester, ha solicitado este miércoles la comparecencia en comisión del rector de la UIB, Llorenç Huguet, la decana de la Facultad de Medicina, Margarita Inés Gili Planas, y la consellera de Salud, Patricia Gómez, para que den explicaciones "acerca de la no actuación de la Universidad y de la Dirección General de Salud pública ante un hecho tan grave como la estafa de Minerval".
También solicitan que comparezcan el vicerrector de Investigación y Postgrado, Jaume Carot, el vicerrector de Innovación y Transferencia, Jordi Llabrés y la vicerrectora de Profesorado y Sedes Universitarias, Antonia Fornés; y, por parte de la Conselleria, reclaman que den explicaciones el director general de Farmacia, Benito Prósper, y la directora general de Salut Pública, Maria José Ramos Montserrat. Olga Ballester ha afirmado que "debido a la gravedad de los hechos, la nula actuación de la Universidad y de la Dirección General de Salud Pública es del todo inexplicable".
"No comprendemos por qué, teniendo sospechas de esta estafa desde 2012, los responsables mencionados no han actuado", ha lamentado Ballester, que ha añadido que este tema "atenta contra la salud pública y utiliza la desesperación de pacientes con la enfermedad a la que atañe". "Las instituciones tienen que velar por la seguridad del ciudadano", ha concluido la diputada de Cs.
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