Tras la última remodelación del Gobierno de las Islas Baleares que lidera la socialista Francina Armengol y que ha reafirmado en el cargo a la enfermera
Patricia Gómez, la
consejera de Salud balear atiende a
Redacción Médica para explicar una de las mayores restructuraciones de su departamento en los últimos tiempos. Una remodelación que pasa por la creación de la
Agencia de Salud Pública, tras la llegada del coronavirus Covid-19. Gómez también repasa en esta entrevista otras cuestiones en materia laboral que reclaman los profesionales sanitarios como la equiparación salarial con Canarias y las subidas de sueldo pendientes.
El pasado martes 2 de marzo no registraron ningún fallecido por Covid en Baleares por primera vez en 2021, ¿en qué punto se encuentra la situación epidemiológica y cómo estima que evolucionará en los próximos meses?
La verdad es que la situación es buena en estos momentos. Menorca y Formentera están con cero casos desde hace días, e Ibiza, que llegó a más de 3.000 de incidencia acumulada a 14 días, ahora mismo está a 135 y a 44 a 7 días. Hemos mantenido medidas muy restrictivas, entendemos la fatiga pandémica que tienen todos los ciudadanos, los empresarios y las graves consecuencias, pero pensamos que teníamos que hacer una desescalada más lenta.
¿Cree que la vacuna debe ser obligatoria?
"La Agencia de Salud Públia será un órgano independiente bajo el paraguas de la Dirección General de Salud Pública"
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Nosotros trabajamos mucho en la prevención en positivo. Pensamos que las medidas cuanto mejor las puedan entender la población y menos coercitivas sean mucho mejor. En Salud Pública, las medidas han funcionado cuando los ciudadanos las entienden. Los niños nos han dado un claro ejemplo en las escuelas de contención del Covid-19, precisamente porque se les ha explicado y creo que lo han entendido.
Por ejemplo, empezamos con un porcentaje de profesionales en las residencias vacunados en torno al 60 por ciento y poco a poco se ha ido incrementando hasta rondar el 85 por ciento.
"Si vacunamos a 100.000 personas a la semana necesitaríamos 6-7 semanas para poder vacunar al 70 por ciento de la población"
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¿Cree que Baleares será de las primeras comunidades en alcanzar la inmunidad de grupo?
Estamos recibiendo un porcentaje de vacunas de los más bajos de España. Hemos sido solidarios cuando se ha vacunado a las residencias o la gente mayor, entendiendo que hay comunidades con mucha más población residencial. Ahora pasamos a la población más joven, por tanto, reivindicamos una mayor llegada de dosis para vacunar y estamos preparados para ello. Tenemos ocho centros de vacunación masiva: cuatro en Mallorca, dos en Menorca, uno en Ibiza y uno en Formentera. Hemos calculado que tenemos una capacidad aproximada de 120.000 personas vacunadas a la semana. Si vacunamos a 100.000 personas a la semana necesitaríamos 6-7 semanas para poder vacunar al 70 por ciento de la población. Lo que necesitamos es que lleguen las vacunas de manera más masiva.
¿Está a favor del pasaporte Covid?
Estamos a favor. Somos un destino turístico a nivel mundial y somos territorios frágiles. Fuimos uno de los primeros corredores europeos turísticos seguros el pasado verano llegando a alcanzar un millón de turistas en el mes de julio. Nuestros empresarios se lo toman muy en serio y tienen claro todo lo que está en juego, cumpliendo muy bien las medidas de prevención y seguridad. Pese a ello, este doumento no puede suponer un impedimento a la libre circulación dentro de Europa, pero sí debe someternos a una serie de reglas para podernos mover.
Es decir, sí que están a favor, pero tampoco sería algo necesario para acudir a Baleares.
Si uno no está vacunado pero puede demostrar que ha pasado la enfermedad o presentar una PCR en origen no le podemos prohibir la entrada a Baleares. Nosotros sólo en Navidades conseguimos evitar que 200 personas positivas pudieran acudir a las islas e hicieran la cuarentena en el lugar de origen. De eso se trata, de no pensar en medidas únicas, sino en todas aquellas que puedan dar más seguridad e impedir la movilidad.
Ustedes han firmado un acuerdo con la sanidad privada para derivar pacientes Covid. ¿Cree que desde lo público se debe apostar más por colaborar con la sanidad privada?
En Baleares tenemos una excelente sanidad privada. Somos una CCAA donde muchos ciudadanos escogen esta opción y somos una Consejería de Salud de lo público y de lo privado. Por tanto, pensamos que es imprescindible los lazos de colaboración. Después de la segunda ola firmamos un acuerdo de derivación de pruebas diagnósticas y de pruebas de algunas especialidades en las que teníamos demoras muy elevadas. Tenemos un acuerdo marco con todas las clínicas privadas en las que en caso de necesidad en tiempos de gripe podemos derivar. Y ahora hemos cerrado un acuerdo también para derivar pacientes Covid o no Covid en función de la situación.
¿En qué punto se encuentra la creación de la Agencia de Salud Pública?
"Queremos desvincular el cargo de legislaturas y cambios políticos"
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Estamos definiendo el marco de gobernanza, pero evidentemente será un órgano independiente bajo el paraguas de la Dirección General de Salud Pública. Pensamos en un modelo de integración de los departamentos que tenemos ahora mismo, pero con un enfoque mucho más poblacional, de participación y de prevención. Todos los programas de prevención hay que hacerlos de una manera más participativa y conseguir la salud en todas las políticas. Es la primera meta en nuestro plan estratégico.
Queremos incorporar la voz de ciudadanos de tal manera que demos respuesta a las necesidades de salud que tienen y que sienten las personas, no solamente las que creemos desde la administración. También nos gustaría desarrollar un campo competencial de formación y de carrera profesional, que la Salud Pública sea más atractiva para los profesionales sanitarios. Nos hace ilusión y espero que de aquí a finales de año tengamos listo todo ese desarrollo normativo y todas las aprobaciones para poderla poner en marcha cuanto antes.
¿Habrá un director general o dependerá de la dirección de Salud Pública actual?
Estamos pensando en una figura de dirección clínica como hicimos con el IdISBa. Queremos desvincular el cargo de legislaturas y de cambios políticos, que sea una figura de liderazgo clínico y epidemiológico. Será una persona que más que gerente tendrá esa visión de liderazgo.
¿Han pensado en alguien en concreto?
Lo estamos pensando, pero sí que nos hace ilusión contar con personas relevantes a ser posible.
Los sindicatos médicos reclaman que les deben la subida de 0,9 por ciento de este año y del 2 por ciento del año pasado. ¿Se va a sentar con ellos a tratar este asunto?
Estamos sentados permanentemente. A veces no gusta lo que digo, pero actualmente el incremento salarial de
"En momentos de dificultad económica tenemos que calandarizar la recuperación de derechos durante más tiempo"
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prácticamente todas las categorías profesionales es de un 10-15 por ciento. No somos partidarios de hablar de manera separada de complementos, pero por ejemplo hemos mejorado la hora de guardia, legislamos para que las embarazadas no perdieran ninguna remuneración y la carrera profesional en esta comunidad autónoma se está cobrando al cien por cien, algo que no ocurre en la mayoría de territorios. También en plena pandemia hemos seguido con la oferta pública de empleo porque es indispensable dar estabilidad a los trabajadores.
¿Qué derechos de los profesionales sanitarios quedan pendientes de recuperar?
Todavía quedan muchos derechos pendientes y estamos siempre dispuestos a este diálogo. Ahora bien, respecto al 2 por ciento y el 0,9 por ciento, hay que decir que esta comunidad es la que más PIB ha perdido en este año de pandemia, se ha incrementado el número de parados y evidentemente la financiación de los servicios públicos vienen de los impuestos de los ciudadanos. Además, entre el 2015 y el 2018 hemos contratado 2.800 profesionales. Esto tiene un coste elevado y necesitábamos aumentar esas ratios de médico/enfermera por habitante. Tendríamos que pagar más y mejor, pero los recursos son limitados y tenemos que priorizar. En momentos de dificultad económica tenemos que calendarizar la recuperación de derechos a durante más tiempo.
Otra de las principales reivindicaciones es sobre la equiparación salarial con Canarias en el complemento de residencia. ¿Se plantea aumentarlo?
Si miramos el montante global, nuestros profesionales cobran más que en Canarias, nosotros pagamos un plus de fidelización en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera que es una retribución anual y lo estamos revisando. Por ejemplo, un médico que lleve 13 años trabajando en cualquiera de estas islas ha pasado a cobrar de unos 2.800 a unos 5.000 y pico, unos 2.500 más que en el 2015. No es el plus de insularidad, pero es otro complemento que le llamamos de fidelización. Se han recuperado muchísimos de los derechos perdidos en la legislatura 2011/2015. Queremos seguir avanzando, por supuesto que sí, pero tenemos que calendarizar esa recuperación de derechos probablemente a un plazo mayor porque ahora mismo la situación de la comunidad autónoma y de muchos trabajadores es muy comprometida.
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