La Delegación del Gobierno ha decidido presentar un
recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares
contra el decreto que regula el conocimiento del catalán en la sanidad. Este órgano considera que el decreto
vulneraría el artículo 43 de la Constitución en el que se reconoce "el derecho a la protección de la salud".
Esta iniciativa surge de la mano de la delegada del Gobierno,
María Salom, y tras un análisis de los escritos de la Abogacía del Estado por parte de los ministerios de
Presidencia, Hacienda y Sanidad, en el que se alerta de la posible
inconstitucionalidad de la norma,
aprobada el pasado 23 de marzo por el Ejecutivo que preside la socialista
Francina Armengol con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos.
El decreto recogía, en un principio, la exigencia del nivel B2 de catalán pero, finalmente, el Ejecutivo regional decidió
rebajarlo hasta el B1. Además, la norma no exige el idioma para poder presentarse a las oposiciones, sino que los aspirantes contarán con un
plazo máximo de dos años para conseguirlo.
En el caso de que el personal sanitario no
acredite el nivel de catalán que le sea exigido en este plazo, se verá afectado en los procesos de movilidad en Baleares y en el acceso a la carrera profesional. Asimismo, el decreto establece que mientras el profesional sanitario no obtenga ese nivel de conocimiento de catalán,
su plaza será provisional y no podrá promocionarse.
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