Baleares podrá aprobar el decreto del catalán en la sanidad pública después de que el Consell Consultiu haya dado el visto bueno al documento. El informe es favorable por siete votos a favor y tres en contra de miembros del Consell. La única observación que se hace en este documento del Consejo Consultivo es la necesaria transitoriedad de la norma.
Por esta razón, la Consejería de Salud introducirá ajustes en el decreto de catalán en la sanidad, que este viernes aprobará previsiblemente el Consell de Govern, para que quede claro que la exención del conocimiento de esta lengua en el sector sanitario es temporal. La modificación implica introducir un mínimo cambio en la disposición final de la norma que especifique su carácter transitorio durante cinco años.
El personal sanitario no puede quedar al margen de las exigencias lingüísticas porque su relación con la Administración no es la de un ciudadano, sino que está sujeto a la relación especial entre aquella y todo empleado público a su servicio”, señala el órgano asesor. “Si el ciudadano tiene derecho a usar cualquiera de las dos lenguas, desde luego la Administración debe estar capacitada para atenderle en cualquiera de ellas”, añade.
Tres votos en contra
El documento propuesto por el Govern ha recibido tres votos particulares en contra. Estos miembros consideran que es un reglamento "inconstitucional", "ilegal" y que vulnera los "derechos" de los trabajadores.
El miembro del Consell Consultiu, Felio Bauzá, critica que el documento es "contradictorio", entre otras cosas porque "se ha modificado hasta siete veces", y "contrario a la ley de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública". Afirma además que el decreto impone "sanciones", dice, por no permitir realizar la movilidad geográfica al no tener el nivel exigido del idioma.
Por su parte, el vocal del Consell Consultiu, José Argüelles, critica la "demora" del decreto y cree que el documento considera el catalán como "un requisito y un mérito al mismo tiempo". Además admite que "no se puede privar a un funcionario de sus derechos, con la movilidad o la carrera profesional" por no acreditar el nivel de catalán.
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