“Un objetivo ambicioso”. Así calificó ayer la consejera de Salud balear,
Patricia Gómez, su promesa de reducir las
listas de espera, de manera que a finales de 2017 “nadie espere más de seis meses para ser operado ni más de dos para ser visitado por un médico especialista”.
Cuando se alcance este hito, entrará en vigor el
decreto de garantía de demora derogado por el Partido Popular la pasada legislatura y que permitía a cualquier usuario del servicio de salud acudir a la sanidad privada con cargo al erario público por retrasos superiores en los dos procesos asistenciales antes mencionados.
Aunque hace menos de un mes el director general del Ib-Salut,
Juli Fuster, daba un plazo más corto para su reimplantación, el año que viene, parece que f
inalmente este decreto estará de nuevo en vigor en 2018, según ha confirmado la máxima responsable de
Salud de las islas.
Gómez aprovechó su comparecencia en el Parlamento para cuenta de
la partida con la que contará su departamento el año que viene para anunciar otras cifras. En este sentido, la consejera reveló que
un total de 4.370 personas en situación administrativa irregular “han recuperado la
tarjeta sanitaria individual que se les hurtó la pasada legislatura”, que los centros de salud realizan más de seis mil consultas por las tardes tras la ampliación de su horario vespertino y que han fomentado la estabilidad laboral convirtiendo más de mil contratos temporales y eventuales en interinos.
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